La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que pese a los avances que se registran en la búsqueda y localización de personas en el país, producto del incesante e incansable trabajo de miles de familias, no se ha podido detener ese flagelo y el número de víctimas va en aumento.
Asimismo, destacó que la falta de investigaciones ministeriales homogéneas refleja un problema estructural en materia de procuración de justicia en el país, sobre todo en las entidades, lo que ubica a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono y revictimización al hacer nugatorios sus derechos constitucionales.
Agregó que a más de un año de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, son las entidades que ya instalaron las Comisiones Locales de Búsqueda.
En contraste, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Sinaloa y Sonora no han constituido o puesto en operación su Comisión.
Ante ello, la CNDH demandó una estrategia integral para la atención a víctimas de desaparición, que parta del reconocimiento de uno de los problemas más complejos, dolorosos e indignantes que enfrentamos como Estado; el diálogo con familiares y colectivos de personas desaparecidas como eje rector de las instancias involucradas en la atención del flagelo; crear el registro de familiares afectados y dotar de suficiente personal, equipamiento y materiales a los servicios médicos forenses y servicios periciales.