La C\u00e1mara de Diputados someter\u00e1 a discusi\u00f3n en la sesi\u00f3n de este martes, reformas al C\u00f3digo Penal Federal para aumentar la sanciones contra la trata de personas con fines de explotaci\u00f3n sexual.
El dictamen de la Comisi\u00f3n de Justicia prev\u00e9 aumentar de 15 y hasta 30 a\u00f1os de c\u00e1rcel y de mil a 30 mil los d\u00edas de multa a quien cometa ese il\u00edcito.
Contempla aumentar en una mitad m\u00e1s las penas, cuando el autor tuviese alguna relaci\u00f3n con la v\u00edctima, como patria potestad, guardia o custodia; cuando mantengan parentesco de ascendiente o descendiente sin l\u00edmite de grado; se trate de familiares en l\u00ednea colateral hasta en cuarto grado; y cuando el agresor sea tutor y/o \u201ccurador\u201d, es decir, est\u00e9 a cargo de la representaci\u00f3n civil de personas declaradas con d\u00e9ficit en sus capacidades mentales.
El infractor perder\u00e1 la patria potestad, la tutela o la \u201ccuratela\u201d de todos sus descendientes.
Asimismo prev\u00e9 que el juez, en todos los casos, acordar\u00e1 medidas pertinentes para prohibir permanentemente al ofensor, todo tipo de contacto o relaci\u00f3n con la v\u00edctima.
El texto a someter a discusi\u00f3n indica que el delito de turismo sexual se incrementado de manera alarmante en el pa\u00eds, que es considerado como uno de los principales destinos en el mundo para cometer dicha falta.
Se\u00f1ala que de acuerdo a la Unicef y el DIF, se estima que alrededor de 16 mil ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes son v\u00edctimas de esa pr\u00e1ctica en distintos puntos del territorio nacional, e identifican como \u201cfocos rojos\u201d zonas como el Puerto de Acapulco y la ciudad de Tijuana.
Recalca que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protecci\u00f3n y Asistencia a las V\u00edctimas, ya contempla las penas de 15 a 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n y de mil a 30 mil d\u00edas de multa, por lo que el prop\u00f3sito de la reforma es homologar el C\u00f3digo Penal Federal para armonizar dichas disposiciones y evitar controversias legales que pudieran fomentar la impunidad.
Diputados prev\u00e9n fijar plazo para cumplir con reparaci\u00f3n integral a v\u00edctimas
La C\u00e1mara de Diputados contempla discutir y aprobar reformas al art\u00edculo 155 de la Ley General de V\u00edctimas, a fin de establecer un plazo m\u00e1ximo para efectuar la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o a v\u00edctimas, sea en efectivo, en especie, o en una combinaci\u00f3n de ambas, en un periodo no mayor a 180 d\u00edas naturales.
Asimismo, se prev\u00e9n modificaciones a la Ley Nacional de Ejecuci\u00f3n Penal en Materia de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en los Centros Penitenciarios.
Respecto al proyecto de decreto por el que se reforma a la Ley General de V\u00edctimas, propuesto desde la Legislatura anterior, y a ra\u00edz de la desaparici\u00f3n de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se busca garantizar la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o sufrido.
La iniciativa indica que las familias del caso Ayotzinapa, las v\u00edctimas directas, indirectas y circunstanciales recorrieron un largo camino para ser reconocidas como tales, por violaciones a derechos humanos, y tambi\u00e9n encontraron distintos impedimentos para acceder a la reparaci\u00f3n se\u00f1alada.
Por ello, se propuso que en cualquiera de las formas en que se determine la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o, esta deber\u00e1 efectuarse en un plazo m\u00e1ximo de 180 d\u00edas naturales contados a partir de la resoluci\u00f3n dictada por la Comisi\u00f3n Ejecutiva de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas.
Subraya que la Ley General de V\u00edctimas establecer plazos perentorios para distintos procesos como la integraci\u00f3n de los expedientes, y el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparaci\u00f3n Integral.
Recalca que la Comisi\u00f3n Ejecutiva tiene un plazo de 90 d\u00edas para determinar el monto del pago de una compensaci\u00f3n en forma subsidiaria.
Sin embargo, no tiene un plazo establecido para efectuar la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o a las v\u00edctimas, como sucedi\u00f3 en el caso Ayotzinapa.
En cuanto a las reformas a la Ley Nacional de Ejecuci\u00f3n Penal, contemplan establecer que los centros penitenciarios deber\u00e1n contar con un registro de personas de m\u00e1s de 60 a\u00f1os que incluya informaci\u00f3n espec\u00edfica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentaci\u00f3n, apoyos y ubicaci\u00f3n.
Lo anterior, para que la autoridad penitenciaria implemente las pol\u00edticas p\u00fablicas que garanticen en pleno respeto a los derechos humanos de las personas se\u00f1aladas, en condiciones de igualdad con el resto de los internos.