En ese marco, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, se pronunci\ó a favor de imponer sanciones dr\ásticas y concretas a los casos de violencia pol\ítica de g\énero, con la negativa de las candidaturas a los responsables, as\í como la cancelaci\ón de la candidatura obtenida por aquel que haya incurrido en agresi\ón.
"Dice el art\ículo 226, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Legipe, si se llega a concluir que un precandidato adquiri\ó tiempos de radio y televisi\ón, se le va a negar el registro de la candidatura, si ya se le hubiere dado la candidatura, se le va a cancelar la candidatura. Creo que exactamente lo mismo se podr\ía hacer con los casos de violencia pol\ítica contra las mujeres por raz\ón de g\énero, si se concluye que un candidato cometi\ó este tipo de actos se le tiene que negar la candidatura, si ya se le hubiere dado la candidatura, entonces se le tiene que cancelar", recalc\ó la consejera Ravel Cuevas.
Subray\ó que aunado a la falta de claridad en los conceptos, no hay un cat\álogo de sanciones concretas que inhiban la conducta, ya que la sanci\ón m\ás grave es la amonestaci\ón p\ública.
Pidi\ó tomar medidas legales y establecer candados para evitar la simulaci\ón y que varones se hagan pasar por ind\ígenas o por candidatos de la diversidad sexual.
Se\ñal\ó que entre otras expresiones de la violencia pol\ítica de g\énero, se registran renuncias masivas de candidatas; solicitudes de licencia "at\ípicas", lo que ha ocurrido recurrentemente en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero; presiones para obligar a candidatas a renunciar a sus aspiraciones; e incluso para orillar a renunciar a funcionarias que ya ejercen el puesto.
Por su parte, Bel\én Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en M\éxico, indic\ó que ya se han emitido recomendaciones para que se tipifique debidamente la violencia pol\ítica de g\énero y las normas se homologuen en todo el pa\ís, porque las sanciones no son suficientes para terminar con las conductas irregulares se\ñaladas.
"Por un lado la importancia de tipificar la violencia pol\ítica en raz\ón de g\énero y adem\ás, su armonizaci\ón a nivel estatal como un avance necesario, pero adem\ás no el \único avance que deber\íamos tener, pues la penalizaci\ón no es suficiente para terminar con la violencia. Sino que a la par debemos crear las condiciones institucionales necesarias, para que una vez que son ocupados los espacios de toma decisi\ón en el \ámbito p\úblico, las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos pol\íticos", abund\ó la invitada.
Enfatiz\ó que los organismos internacionales han instado a pa\íses como M\éxico a remover las conductas que impiden una participaci\ón pol\ítica plena de las mujeres.
Record\ó que en casos como el mexicano, hay m\ás mujeres que nunca ocupando cargos p\úblicos; hay m\ás de mil 500 mujeres parlamentarias en el mundo, pero es claramente insuficiente.
Agreg\ó que los organismos internacionales que han instrumentado la Convenci\ón sobre Eliminaci\ón de Todas las Formas de Discriminaci\ón contra la Mujer, conocida como CEDAW, est\án preocupados por las barreras estructurales para que las mujeres ocupen cargos p\úblicos, por las acciones de discriminaci\ón y violencia dentro de los partidos, la falta de un marco legal adecuado y la ausencia de sanciones y enjuiciamiento a los responsables.
Refiri\ó que en casos como el de M\éxico se han documentado anomal\ías como dificultades de las mujeres para acceder a candidaturas en los partidos; aumento en los casos de acoso y agresi\ón, incluso a trav\és de medios de comunicaci\ón; intimidaci\ón; violencia f\ísica y sexual contra mujeres en la pol\ítica; presiones para generar renuncias; discriminaci\ón y estigmatizaci\ón; y asesinatos como la forma m\ás extrema de violencia, lo que en su conjunto anula la calidad de la democracia.
En su intervenci\ón, la presidenta de la Comisi\ón de Igualdad de G\énero en la C\ámara de Diputados, Wendy Brice\ño, indic\ó que en la anterior ronda de audiencias p\úblicas sobre el tema, se concluy\ó que las mujeres deben reconocerse como sujetos de derecho, es necesario sancionar a los agresores, establecer medidas para reparar el da\ño, que los partidos pol\íticos den de ejercer violencia, combatir conductas irregulares como la usurpaci\ón de identidades y aprobar leyes que atiendan de manera integral los efectos de la violencia pol\ítica por razones de g\énero.
Recalc\ó que las expertas y especialistas invitadas, recomendaron incluir el tipo penal de violencia de g\énero, no solo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino en las normas electorales.
Como ejemplo de violencia pol\ítica de g\énero, las participantes recordaron los casos de las llamadas "juanitas" y "manuelitas", candidatas que fueron retiradas de las contiendas, en la mayor\ía de los casos a causa de presiones, a fin de colocar a candidatos o funcionarios varones.
Las audiencias cerraron con el llamado de legisladoras de oposici\ón, como la diputada del Partido de la Revoluci\ón Democr\ática (PRD), Guadalupe Almaguer, a que la ley que sancione la violencia pol\ítica por razones de g\énero avance en los mejores t\érminos, y sin que los "egos" de las mayor\ías se impongan