El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República enfatizó que en la discusión de la revocación de mandato, será preciso observar en todo momento los principios de legalidad, certidumbre jurídica y política.
El organismo indicó que hay divergencias importantes entre las distintas fuerzas parlamentarias, respecto a quienes estarán facultados para solicitar ese procedimiento, las causas que justifiquen su implementación, así como los momentos o fechas en que deben llevarse a cabo.
Recordó que la mayoría de los estados contemplan esa figura legal, pero en algunos casos como los de Yucatán y Chihuahua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el diseño de las normas referidas, es contrario al orden constitucional, que ya contempla disposiciones para la destitución de funcionarios por faltas a la responsabilidad civil, penal, administrativa y política.
En un estudio realizado por su Dirección General de Análisis Legislativo, el Instituto apuntó que la mayoría en el Senado coincide en que la revocación de mandato puede fortalecer la democracia en el país.
Sin embargo, hay "divergencias importantes" sobre quién puede convocar a la revocación, cuándo y por qué motivos, puntualizó.
La revocación, es un mecanismo de democracia directa en el que los ciudadanos, votan por ratificar o separar del puesto a un funcionario público, antes de que finalice el periodo para el cual fue electo, refirió.
Conforme a los términos de la minuta enviada por la Cámara de Diputados y la valoración en las distintas fracciones parlamentarias en el Senado, es previsible que la discusión en dicho organismo legislativo se desarrolle en torno a las causas por las que se podrá promover un procedimiento de revocación de mandato, abundó.
Otros elementos centrales serán el momento para que los ciudadanos voten por la revocación, la fecha en que ese ejercicio se llevará a cabo en el caso del Presidente de la República, y la pertinencia de que sea el propio Mandatario y otros actores políticos, los que soliciten someter a consulta su propia revocación.
En la discusión del proyecto aprobado por los diputados federales, las propuestas de senadores y cualquier otra iniciativa en esa materia, insistió, es necesario que priven los principios de legalidad, certidumbre jurídica y política.
"Esto será fundamental para que la revocación tenga claros los canales institucionales que seguirá en medio de un contexto político de polarización y tensión que suelen detonarse en este tipo de procesos", finalizó.