En la C\ámara de Diputados, madres de v\íctimas de feminicidio expusieron sus respectivos casos, y coincidieron en que el sistema de procuraci\ón en M\éxico no tiene perspectiva de g\énero, los jueces no aplican esos criterios y las investigaciones se llevan a cabo de manera deficiente.
Durante la audiencia p\ública "Feminicidios, emergencia nacional, impunidad institucional", las invitadas subrayaron que en M\éxico las mujeres siguen siendo asesinadas porque "no pasa nada" y porque es m\ás f\ácil declarar que los casos son suicidio, no feminicidio.
Refiri\ó que en tan solo una d\écada, el n\úmero de asesinatos de mujeres se triplic\ó, al llegar a tres mil 430 casos registrados.
Subrayaron que las mexicanas siguen siendo asesinadas porque "no pasa nada" y porque es m\ás f\ácil declarar que los feminicidios son suicidios, debido al alto grado de impunidad existente.
En particular, Cardenas Oliva, de ONU DH, hizo \énfasis en la preocupaci\ón por la ola de violencia en M\éxico, que en 2017, dej\ó un registro de tres mil 430 muertes violentas de mujeres; mientras que en 2018 el n\úmero lleg\ó a tres mil 606 feminicidios.
En enero de este 2019 se han presentado 304 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales, solo 75 est\án en investigaci\ón conforme al protocolo para feminicidio.
Recalc\ó que el promedio de feminicidios en M\éxico fue de nueve al d\ía en 2018, y este a\ño el \índice subi\ó a 10 por d\ía; aunado a que se mantiene el \índice de violaci\ón sexual en una cada hora.
Tras agregar que se tiene conocimiento de la existencia de nueve mil 327 mujeres desaparecidas en el pa\ís, advirti\ó que los delitos de violaci\ón sexual y desaparici\ón, son la antesala del feminicidio.
Recalc\ó que M\éxico ha recibido reiteradas observaciones de organismos internacionales, sobre la problem\ática de violencia contra mujeres, pero la atenci\ón a las mismas no es la que se esperada, ya que a 10 a\ños de la emisi\ón de la resoluci\ón de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del "Campo\ Algodonero", \éste sigue pendiente de resolver.
Apunt\ó que desde el a\ño 2006 y hasta 2018, M\éxico ha recibido constantes recomendaciones para que tipifique de manera adecuada el delito de feminicidio; y establezca protocolos homologados para la b\úsqueda de desaparecidas y dar atenci\ón homog\énea a los casos respectivos.
Fue enf\ática al indicar que la impunidad en casos de violencia contra mujeres agrava los efectos de ese tipo de delitos.
Si el Estado no sanciona a los infractores, se intensifica violencia y env\ía un mensaje de que la situaci\ón es incontrolable e incluso permanente, dijo.
Al manifestar que la ONU conf\ía en que M\éxico atienda los llamados de la comunidad internacional, enfatiz\ó que las mujeres y ni\ñas no pueden esperar. "\¡No queremos ni una m\ás!", apunt\ó.
Al presentar su testimonio, Irinea Buend\ía, madre de Mariana Lima, cuyo asesinato fue catalogado como suicidio, exigi\ó que las investigaciones se lleven a cabo con perspectiva de g\énero, puesto que los jueces desconocen o no aplican ese criterio, no cumplen las recomendaciones de los organismo internacionales y en sum ano procuran justicia.
Araceli Osorio, madre de la joven Lesvy Berl\ín Osorio, cuyo cuerpo fuer localizado en mayo de 2017 en Ciudad Universitaria, con signos de violencia, se\ñal\ó que las v\íctimas y sus familias no est\án dispuestas a otorgar "perd\ón ni olvido", se demanda castigo a los asesinos.
Silvia Vargas Velasco, madre de Mar\ía Fernanda Rico Vargas, v\íctima de feminicidio en el Estado de M\éxico, recalc\ó que para la autoridad, es m\ás f\ácil argumentar suicidio para no realizar investigaciones a fondo y de manera adecuada.
Mar\ía Antonia M\árquez Fern\ández, madre de Nadia Alejandra Muci\ño, que en 2003 denunci\ó secuestro y agresiones y en 2004 fue asesinada por su concubino y un familiar de \éste, frente a sus tres hijos menores de edad, lament\ó haber tenido que acudir a la Comisi\ón Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado mexicano no fue capaz de brindarle justicia.
Norma Andrade, cofundadora de la organizaci\ón "Nuestras Hijas de Regreso a Casa", madre de Lilia Alejandra Andrade, desaparecida en 2001 en Chihuahua, record\ó que ha sido v\íctima de dos atentados con arma de fuego y fue trasladada a la Ciudad de M\éxico con el pretexto de brindarle seguridad, pero con el fin \último de acallarla, se\ñal\ó que a 18 a\ños de la desaparici\ón y asesinato de su hija los gobiernos de la entidad no han hecho "absolutamente nada".
En su oportunidad la abogada Karla Michel Salas, remarc\ó que en ese contexto, dejar sin \ refugios a las v\íctimas de violencia extrema, representa un riesgo mayor a la vida de quienes buscan a sus hijas y exigen justicia por su desaparici\ón y muerte.
Recalc\ó que es preciso dar seguimiento a los recursos destinados, 350 millones de pesos en 2018, ya que de esa suma, 130 millones fueron asignados a organizaciones, 30 millones m\ás fueron canalizados a centros abiertos por autoridades gubernamentales, y se desconoce el uso de aproximadamente 150 millones de pesos.