Especialistas e investigadores, as\í como representantes de organismos defensores de derechos humanos se pronunciaron en contra.
Por el contrario, los invitados del sector empresarial urgieron a aprobar la norma, con el fin de inhibir la comisi\ón de delitos que no solo afectan a los sectores productivos, sino a la poblaci\ón en general, dijeron.
En ese marco, Jan Jarab, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organizaci\ón de Naciones Unidas (ONU), advirti\ó que la prisi\ón preventiva oficiosa viola derechos humanos y el Congreso de M\éxico deber\ía caminar en direcci\ón opuesta.
"La prisi\ón preventiva oficiosa como tal, es una violaci\ón a los derechos humanos\ por ello, este honorable Congreso, desde nuestra perspectiva, deber\ía estar dando pasos decididos en direcci\ón opuesta. Y m\ás que discutir su eventual extensi\ón deber\ía estar planteando la eliminaci\ón de la prisi\ón preventiva oficiosa", manifest\ó.
Subray\ó que esa medida cautelar y su ampliaci\ón en la Constituci\ón, representa un "socav\ón" al Estado de derecho en M\éxico.
"Para nosotros es dif\ícil entender por qu\é se pretende socavar a\ún m\ás, porque es un socav\ón que menoscaba el estado democr\ático de derecho en M\éxico. Sabemos tambi\én que la impunidad en M\éxico coincide con la alta presencia de personas inocentes que esperan su liberaci\ón en las c\árceles mexicanas", apunt\ó.
Afirm\ó que aumenta el riesgo de tortura y no permite combatir la impunidad, lo anterior, tras aclarar que la ONU no est\á contra la prisi\ón preventiva en la modalidad "justificada".
Incluso, cuestion\ó a los legisladores si estar\ían dispuestos a aceptar que un familiar suyo fuera encarcelado, si se le involucrara, a\ún sin pruebas, en alguno de los delitos que ya prev\é la norma o de los que se propone integrar a la lista existente.
"Apelo tambi\én a su conciencia, si fueran sus familiares quienes est\án siendo imputados de alg\ún delito, \¿estar\ían ustedes a favor de que vayan obligatoriamente a prisi\ón preventiva por meses o a\ños?, \¿estar\ían ustedes dispuesto a renunciar a las garant\ías m\ínimas del debido proceso y el control judicial?", plante\ó.
Como alternativa, el representante del organismo internacional plante\ó que M\éxico podr\ía establecer claramente que la prisi\ón preventiva justificada, aplicar\á en determinados casos, y reforzar el respeto a la autoridad del Poder Judicial para decidir sobre la libertad de una persona.
En posteriores intervenciones, especialistas, abogados, magistrados, coincidieron en rechazar la decisi\ón de ampliar el cat\álogo de delitos a los que aplicar\á prisi\ón preventiva.
Expresaron que la medida no resolver\á la problem\ática por atacar, como el incremento en el robo de combustibles, robo al autotransporte y la corrupci\ón.
Por el contrario, alertaron, provocar\á mayores violaciones a derechos humanos, vulnerar\á el derecho al debido proceso y la presunci\ón de inocencia, y saturar\á a\ún m\ás el sistema penitenciario, con personas pobres acusadas sin una investigaci\ón firme.
Maricarmen Color Vargas, de la Comisi\ón Mexicana y Promoci\ón de Derechos Humanos, expuso que dicha medida es arbitraria y generar\á el riesgo de que cualquier ciudadano sea detenido sin siquiera tener la certeza de que cometi\ó un delito.
Jos\é Antonio Caballero, investigador del Centro de Investigaci\ón y Docencia Econ\ómicas (CIDE), insisti\ó en que no resolver\á los problemas que se pretende atacar.
Probablemente, lanz\ó, haya quien "duerma m\ás tranquilo" diciendo que hay m\ás gente en prisi\ón, pero se tratar\á de personas pobres.
En contraparte, representantes del sector empresarial y en especial del rubro del autotransporte, urgieron a los congresistas a aprobar la prisi\ón preventiva para combatir el robo a transporte.
Recaredo Arias, director de la Asociaci\ón Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS); Arturo Mendicuti Narro. Vicepresidente de Seguridad CONCANACO-Servytur; Jos\é Refugio Mu\ñoz. Vicepresidente ejecutivo de C\ámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y responsable de la Comisi\ón de Seguridad y Previsi\ón del Delito de la Confederaci\ón de C\ámaras Industriales (CONCAMIN); Armando L\ópez, de la C\ámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT); y Salvador Gonz\ález Reyes, socio fundador de la Confederaci\ón Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), pidieron prisi\ón preventiva oficiosa para el robo a transporte en sus distintas modalidades.
Externaron que el robo de veh\ículos en 2018 super\ó las 99 mil unidades y seis de cada 10 robos se llev\ó a cabo con violencia.
Advirtieron que cada veh\ículo robado, cami\ón de pasajeros o autotransporte de carga, es el primer eslab\ón de una cadena de conductas delictivas que provocan un da\ño "exponencial" a la naci\ón.
Tras puntualizar que al a\ño, se estiman p\érdidas por m\ás de 92 mil 500 millones de pesos, tan solo por robo al autotransporte de carga, insistieron en que incrementar la lista de delitos a los que aplicar\á prisi\ón preventiva oficiosa, servir\á como un mensaje de cero tolerancia hacia los delincuentes.