La Comisi\ón Nacional de los Derechos Humano (CNDH) hizo un llamado al gobierno federal para que acepte la competencia del Comit\é Contra la Desaparici\ón Forzada de la Organizaci\ón de las Naciones Unidas, para recibir y examinar comunicaciones de o en nombre de las personas sujetas a su jurisdicci\ón que aleguen ser v\íctimas de violaciones por el Estado, como un acto de congruencia entre las pol\íticas interior y exterior de M\éxico.
Indic\ó que al momento de elaborar las pol\íticas en torno a este tema, el Estado mexicano debe tomar en cuenta la necesidad de que la Comisi\ón Nacional de B\úsqueda emita a la brevedad el Programa Nacional de B\úsqueda, as\í como la conformaci\ón en su totalidad de las Comisiones Locales de B\úsqueda.
Tambi\én se debe crear en su totalidad, en el \ámbito de los \órganos de procuraci\ón de justicia locales, de las respectivas Fiscal\ías especializadas para la investigaci\ón y persecuci\ón de los delitos de desaparici\ón forzada de personas y desaparici\ón cometida por particulares.
Del mismo modo, se tendr\án que canalizar los recursos presupuestarios necesarios para que las diversas instancias contempladas en la Ley General, puedan cumplir cabalmente con sus funciones y contar con un eficiente Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, que permita distinguir las desapariciones forzadas, de las atribuidas a particulares o miembros de la delincuencia organizada.
La CNDH destac\ó que la desaparici\ón de personas subsiste como consecuencia de la falta de procuraci\ón de justicia pronta y expedita, que lejos de producir investigaciones eficaces, profesionales y sustentables para la localizaci\ón de las v\íctimas y el ejercicio de la acci\ón penal contra los responsables, en la mayor\ía de los casos sit\úa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimiz\ándolos al hacerles nugatorios sus derechos reconocidos en la Constituci\ón Pol\ítica.