Proyecto del Tren Maya no indemnizará a la población afectada: MCCI

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad indicó que un total de 11 ejidos, en su mayoría de población indígena maya se verían afectados al haberse planificado la construcción sin su consentimiento.

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La construcci\ón del Tren Maya, uno de los proyectos m\ás ambiciosos del presidente de M\éxico, Andr\és Manuel L\ópez Obrador, no contempla la indemnizaci\ón a los pobladores de las tierras que se ver\án afectadas, denunci\ó este jueves la organizaci\ón Mexicanos Contra la Corrupci\ón y la Impunidad (MCCI).

Una investigaci\ón realizada por la agrupaci\ón desvel\ó que un total de 11 ejidos, en su mayor\ía de poblaci\ón ind\ígena maya y situados en el sur del pa\ís, se ver\ían afectados al haberse planificado la construcci\ón sin su consentimiento.

Seg\ún detalla MCCI, a finales del a\ño pasado a\ño los propietarios tuvieron un primer acercamiento con funcionarios federales que explicaron de manera resumida en qu\é consistir\ía el Tren Maya, un tren ultramoderno que pretende interconectar el sur del M\éxico para incentivar el turismo.

No obstante, en estas conversaciones no se dieron detalles ni se contempl\ó un plan incluyente.

Las v\ías de este tren modernista correr\án a trav\és de 1.525 kil\ómetros sobre la Pen\ínsula de Yucat\án.

El ferrocarril tiene una inversi\ón estimada de unos 150 mil millones de pesos y contar\á con 15 paradas que unir\án puntos tan importantes como el balneario de Canc\ún o las ruinas de Palenque con otros municipios m\ás desconocidos como Calakmul o Tenosique.

Fue el pasado 16 de diciembre cuando dio inicio la construcci\ón de esta colosal infraestructura.

Por ley, el Gobierno de M\éxico tendr\ía que expropiar 253 kil\ómetros que corresponden a estos ejidos, seg\ún la Ley Agraria (1936), la cual determina las condiciones para la ocupaci\ón de territorios para el aprovechamiento de infraestructura.

Sin embargo, en el Registro Agrario Nacional no existen expedientes que constaten la expropiaci\ón.

Los Tribunales Agrarios han reconocido los derechos de los ejidatarios y, en todos estos casos han exigido al Gobierno federal que se realicen los procesos expropiatorios y se haga el pago justo por el uso de sus tierras.

Esta situaci\ón emerge como un paralelismo con la situaci\ón vivida hace 50 a\ños en la misma zona cuando comenz\ó la construcci\ón de la carretera Chetumal-Canc\ún, en el per\íodo del presidente Gustavo D\íaz Ordaz (1964-1970).

En aquel entonces tampoco se cumplieron las reglas de expropiaci\ón e indemnizaci\ón por los terrenos.