La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular, con votación dividida y entre acusaciones entre la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN), sobre quiénes están a favor de perdonar y liberar delincuentes, la Ley de Amnistía propuesta por el Presidente de la República.
En lo general, el ordenamiento avanzó con 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones.
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En lo particular y con una reserva aprobada, para que la Cámara sea informada anualmente sobre las solicitudes de amnistía procesadas por el Ejecutivo y la encomienda para que los diputaos revisen los tipos penales a los que aplicará la amnistía, los cambios legales que serán enviados al Senado de la República avanzaron con 285 votos a favor, 144 en contra y 19 abstenciones.
La Ley señala que podrán beneficiarse con la amnistía mujeres encarceladas por aborto; médicos, cirujanos, comadronas o parteras practicantes.
Aplicará en el caso de indígenas presos que no tuvieron acceso al debido proceso; narcomenudistas e involucrados en el proceso de producción de estupefacientes.
También podrán acceder a esa medida los sujetos a proceso por delitos no graves cometidos sin uso de armas de fuego; quienes incurran en robo sin violencia y no sean reincidentes; consumidores de drogas y quienes porten droga en dosis hasta dos veces mayores a las permitidas y se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
Se ejercerá en caso de personas acusadas por sedición y delitos políticos, excepto terrorismo y "homicidio por razón de parentesco", cuando la víctima sea "el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez".
Señala que las condiciones a cumplir por los eventuales beneficiados, es no ser reincidentes, que no hayan cometido homicidio ni secuestro o delitos contra la integridad personal y no hayan usado armas de fuego.
Los que podrán acceder a amnistía serán aquellos que cometan delitos contra la vida o la integridad corporal; acusados por los delitos a los que aplica prisión preventiva oficiosa y otros delitos graves del orden federal.
La norma agrega que el Ejecutivo Federal conformará una comisión que coordinará y vigilará la aplicación de la Ley, aunado a que recibirá las solicitudes del acusado o su representante, para hacer efectiva la aplicación de la medida.
La Comisión tendrá cuatro meses cómo máximo para emitir una respuesta y si no lo hace, se catalogará como rechazada dicha petición.
Establece que los beneficiarios no podrán volver a ser detenidos ni procesados en el futuro por el mismo delito.
La Secretaría de Gobernación deberá coordinar el proceso de reinserción social de los beneficiarios.
Añade que el Ejecutivo tendrá 60 días, en cuanto entre en vigor la reforma, para emitir el acuerdo que creará la Comisión encargada de revisar las solicitudes de amnistía; en el mismo plazo, el Consejo de la Judicatura deberá designar a los jueces que atenderán dichos casos.
De igual modo, el Ejecutivo podrá promover ante los gobiernos y congresos de las entidades federativas, la emisión de leyes de amnistía locales.
Al presentar el proyecto, la diputada Claudia Pérez, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pidió a la oposición no "satanizar" una ley que solo busca terminar anticipadamente las condenas de quienes están injustamente en la cárcel y no accedieron al debido proceso, así como delincuentes no reincidentes que cometieron faltas no graves y sin violencia.
"No podemos satanizar, como algunos grupos han emprendido una campaña que desinforma a la sociedad, precisando que todos los criminales van a salir de la cárcel. La iniciativa de la Ley de Amnistía establece casos muy específicos que no tienen nada qué ver con acciones delictivas en las que se emplearon armas o se produjeron actos violentos", recalcó la legisladora.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y también diputada de Morena, Rocío Barrera, subrayó que el propósito no es liberar delincuentes, como ha acusado la oposición.
"Que no se debe de perder de vista el sentido final que tiene la imposición de una pena y que si esta no es el medio idóneo para reducir la criminalidad no es efectiva y no tiene razón de ser. Por ello insisto al aprobar este dictamen, que no tiene por objeto liberar delincuentes sino devolver su libertad a personas que no generaron daño a la sociedad", añadió la diputada Barrera Badillo.
En el debate, la bancada del PAN chocó constantemente con la de Morena.
Intercambiaron acusaciones por los casos del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el fallido operativo en Culiacán, que derivó en la liberación del hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ovidio Guzmán.
La gritería que incluso obligó a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, a aplicar el Código de Ética y advertir a los congresistas que debían dejar a un lado el lenguaje denigrante y soez.
"Justicia sí, impunidad no. Impunidad también es corrupción. Así no, señor Presidente, así no, Morena", demandó la diputada panista Mariana García.
El vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña fue el primero en llamar "hipócritas" a los panistas, al recordarles que el gobierno del Presidente Felipe Calderón tuvo como funcionario a García Luna.
A García Luna lo investiga y detuvo el gobierno norteamericano, pero a Ovidio Guzmán, reviró el diputado José Elías Lixa, lo liberó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los albiazules arremetieron contra los morenistas al afirmar que justifiquen la liberación de delincuentes con frases como: "hay que darles chance, es su primera vez, los obligaron, pero hay miles de mexicanos que viven en necesidad y optaron por respetar derecho y normas", recalcó el diputado Felipe Macías.
El congresista insistió en que la propuesta oficial y sus sentencias de "abrazos, no balazos" y "la delincuencia organizada también es pueblo", es "populismo criminal".
La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, subrayó que se trata de una norma engañosa, porque en el caso del aborto, no hay una sola mujer encarcelada por ese delito, en el ámbito federal; aunado a que la amnistía no aplicará para aquellas que sean encarceladas después de que entre en vigor la nueva ley.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, subrayó que la Ley de Amnistía es inconsistente, es inconstitucional, otorga facultades extraordinarias incluso por encima del Poder Judicial a una Comisión dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuya integración y conformación no está definida.