Para la Procuraduría capitalina, los jueces de control, Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz Antonio, así como el magistrado Héctor Trujillo, del Tribunal Superior de Justicia, son responsables de una deficiente actuación en torno al caso de Abril Cecilia, asesinada el 25 de noviembre pasado en calles de la alcaldía Coyoacán.
Ernestina Godoy Ramos, sostuvo que a pesar de que el Consejo de la Judicatura separó temporalmente de sus cargos sólo a los jueces de control, la Fiscalía de Servidores Públicos investiga también al magistrado de la Cuarta Sala Penal, Héctor Trujillo, ya que existe la convicción de que la responsabilidad es compartida.
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De manera enfática, Godoy Ramos, aclaró que en la determinación que tomó dicho magistrado respecto a la apelación que presentó la defensa del imputado y el Ministerio Publico, no se juzgó con perspectiva de género, la cual implica una rigurosa metodología para llegar a una conclusión y tima de decisión.
"El tema de perspectiva de género no es una cosa etérea es un método de análisis, él tenía que haber utilizado ese método para decir están bien los jueces de control o no, tiene o no riesgo, en fin.
"Cuando en un momento de la audiencia el magistrado lo dice de manera expresa que no tiene obligación de utilizar la perspectiva de género pues para nosotros hay responsabilidad; nosotros estamos en la Fiscalía de Servidos Públicos y en el Consejo de la Judicatura por los tres", destacó.
Al continuar con las investigaciones en torno a la actuación de los tres juzgadores en el caso de Abril Cecilia, la procuradora Godoy, informó que ya se solicitó al Consejo de la Judicatura, el nombramiento de cada uno de los investigados para autentificar su pertenencia al Poder Judicial.
El imputado, Juan Carlos García, ex cónyuge de Abril, logró su liberación el 8 de noviembre pasado y 17 días después, la mujer fue asesinada a tiros frente a la mirada de sus hijos y su asesor jurídico.
La liberación del procesado generó amplia polémica por la reclasificación del delito que hizo el primer juez de control al desechar la tentativa de feminicidio y calificarla sólo como lesiones y violencia familiar.
Derivado de esa decisión, al juez Mosco impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, cuando ésta no corresponde constitucionalmente a los delitos que se le imputan.
El caso generó mayor polémica cuando el magistrado Trujillo confirmó dicha reclasificación y ordenó la revocación de la prisión preventiva, por lo que el segundo juez de control Luis Alejandro Díaz, determinó otorgarle libertad condicional, con la condicionante de asistir mensualmente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares, situación que no hizo.
@amarilloalarcon