Tipificar y penar con cárcel “sabotaje informático”, propone diputada de MORENA

El proyecto fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y eventual dictaminación.

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El "sabotaje informático" debería ser penalizado con cuatro y hasta con ocho años de prisión, propuso la presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera.

La legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) planteó reformas al Código Penal Federal para tipificar el delito referido y sancionar a quienes, de manera intencional y dolosa, inutilicen, alteren, dañen temporal o permanentemente sistemas digitales de información, archivos electrónicos o portales electrónicos de consulta.

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La diputada Barrera Badillo agregó que quien cometa esa falta, también deberá pagar multas de mil a mil 500 días.

La empresa Microsoft y la Organización de Estados Americanos (OEA) estiman, refirió, que en 2017 ese tipo de delitos cibernéticos se incrementaron más del 27 por ciento en comparación con 2016.

Ello, aunado a que consorcios de países como Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos en suma gastaron 11 mil 700 millones de dólares para mitigar y enfrentar las consecuencias de ciberataques.

Las pérdidas para Brasil fueron de 800 millones de dólares, Colombia perdió 460 millones y México, 300 millones de pesos, añadió.

Al indicar que el sector financiero es de los más afectados la congresista puntualizó que propone catalogar como "sabotaje informático" las conductas que busquen eliminar o modificar funciones o datos en sistemas computarizados sin autorización, con el fin de afectar su funcionamiento, así como dañar sus sistemas operativos.

El texto de su iniciativa indica que ese tipo de ataques son ejecutados por quien materialmente daña sistemas informáticos para afectar, acceder, manipular e intervenir en información de carácter "sensible".

Agrega que las víctimas son personas en lo particular, instituciones de crédito, gobiernos y empresas o todo aquel que usa sistemas de información conectados a redes de internet domésticas, privadas o públicas.

El proyecto fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y eventual dictaminación.