El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, confirmó la interposición de una denuncia por diversos delitos en el ejercicio de su función, en contra de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, exmandatario estatal.
Los delitos que se le imputan al gobernador, así como a varios de sus excolaboradores, tienen que ver con abuso de confianza, fraude, y peculado, por una cantidad que asciende a los más de mil 200 millones de pesos.
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Lo anterior lo dio a conocer luego de la reunión de seguridad en el Centro de Gobierno de Tijuana donde agregó que, de acuerdo a la Auditoría del Estado, que hubo diversos abusos por parte del exgobernador y sus cercanos.
Horas más tarde después de este anuncio, el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, interpuso la denuncia señalada, en contra "Kiko" Vega, el exsecretario de Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz y la exoficial Mayor, hoy diputada Loreto Quintero.
De igual forma a exfuncionarios que resulten responsables por estos delitos como podría ser el exdirector de Normatividad, Enrique Remigio Salcido y el director de Adquisiciones, Rutilio Pérez Flores.
De acuerdo con Amador Rodríguez Lozano algunos de los documentos fueron firmados por "órdenes superiores", y dijo que encontraron solicitudes para adquirir préstamos cortos, mismos que fueron usados para pagar "asesorías".
Burócratas también interponen denuncia
De igual forma un grupo de burócratas ya presentó una denuncia penal contra el exmandatario estatal, y el secretario general del Sindicato de Burócratas, Arturo Gutiérrez Vázquez.
La denuncia de los burócratas es por un financiamiento temporal de 600 millones de pesos que otorgó el director del del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), Javier Meza López, al gobierno del estado.
Este financiamiento fue autorizado por líderes sindicales, y hoy se vive una profunda crisis en el Issstecali, ya que muchos burócratas con padecimientos no han podido siquiera recibir los medicamentos que solicitan, motivo por el cual ya ha habido protestas a nivel estatal.