Ante la ausencia de bases de datos claras y oficiales, el Observatorio contra la Tortura presentó la plataforma sintortura.org, que es una herramienta que permitirá monitorear la implementación e la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Esta iniciativa permitirá conocer de forma clara dicha información, además muestra a partir de 10 rubros de indicadores a nivel federal y en las 32 entidades federativas, los grandes pendientes en el combate contra la tortura.
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Asimismo, permite comparar información de estos indicadores de 2014 a 2018, mostrando un panorama general previo a la promulgación de la Ley, así como hallazgos posteriores a ésta.
Entre los datos que motivaron la creación de esta herramienta se encontró que solo dos entidades presentaron cargos por tortura ante alguna autoridad judicial en 2018, a pesar de la apertura de más de 3600 investigaciones penales por tortura en el fuero estatal.
Además ninguna entidad reportó sentencias impuestas en casos de tortura en 2018; en los primeros meses de 2019, solamente la federación y 10 entidades federativas informaron contar con Fiscalía Especial para investigar tortura conforme lo previsto en la Ley General; otras 10 entidades informaron contar con Unidad de investigación. La tercera parte de entidades informó no contar con ninguna de las dos.
También en los primeros meses de 2019, solamente tres entidades informaron contar con registros de tortura que se ajustaran a los elementos requeridos por la Ley.
Esto se suma a un contexto en el que se han identificado límites importantes en el acceso de las víctimas a exámenes médicos y psicológicos; el número de peritos especializados en la documentación de secuelas de tortura es insuficiente; además que, muchos de ellos dependen de las procuradurías y fiscalías, restándoles independencia e imparcialidad en el resultado de sus peritajes. Asimismo, se identifican diversos pendientes en el desempeño del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entre otros.
Los datos se obtuvieron mediante solicitudes de acceso a información, presentándose retos como la falta de respuesta de algunas instituciones, la falta de desglose de datos y, en casos puntuales, datos contradictorios; no obstante, son un punto de partida para reconocer los avances y vacíos existentes en torno a la implementación de la Ley.
Por lo anterior, las organizaciones hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Poder Judicial y demás autoridades federales y estatales responsables de la prevención, investigación, sanción y reparación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a que realicen las acciones necesarias para cumplir con los objetivos de la Ley General y garantizar el acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas de tortura en México.