El juez Juan Carlos Guzmán Rosas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa, determinó revocar la suspensión definitiva contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, debido a que la medida implicaría el incumplimiento de órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, lo cual implica contravenir el orden público.
Agregó que la seguridad nacional constituye un objetivo que legitima la restricción de los derechos fundamentales y humanos con relación a los actos reclamados de los que se pide su suspensión de los efectos y consecuencias, por lo que no es procedente conceder la suspensión.
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En su sentencia, la cual consta de 73 páginas, el impartidor de justicia puntualizó que no existe prohibición en la Constitución, ni en las leyes en la materia para construir un aeropuerto civil en instalaciones militares.
Agregó que si bien Santa Lucía será una terminal aérea de carácter civil, su objeto también es militar lo que implica que "constituye una sola unidad material y jurídica que no posibilita su división" para conceder la suspensión con el fin de detener el proyecto.
El juez Guzmán Rosas determinó lo anterior, a pesar de que el actuario informó que durante la inspección judicial que se realizó el pasado 2 de octubre, se pudo constatar en la base militar de Santa Lucía el tránsito de helicópteros, así como actividades de paracaidismo.
No obstante, para el juzgador si bien lo dicho por el actuario es prueba plena, pero en el "caso no está a debate si la Base Aérea Militar de Santa Lucía siguen operando vuelos militares o sin con motivo de la suspensión originalmente otorgada ha dejado de hacerlo, lo que está a discusión son los efectos de la suspensión de la autorización del impacto ambiental".
En la sentencia también se da a conocer que el 28 de agosto de este año, el general de Justicia Militar Miguel Carrasco, Jefe de la Unidad de Asuntos jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que para esa fecha "ninguna de las instalaciones que forman parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana se encuentra considerada como estratégica en algún ordenamiento legal, inventario o catálogo nacional".
Un día después, el 29 de agosto, el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional le notificó a la Sedena que realizó la integración de todas las instalaciones de esa dependencia al Inventario de la Infraestructura Estratégica del país.