La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por "por notoria y manifiesta improcedencia", la controversia constitucional con la que el gobierno de Baja California buscaba forzar la publicación de la llamada "Ley Bonilla", con la que se amplía de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla.
Con este recurso, la administración de Francisco Vega de Lamadrid reclamó que la omisión del Poder Legislativo de remitir al Poder Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial del estado, la aprobación de fecha 23 de julio de 2019, de la Declaratoria Formal de Incorporación Constitucional, relativa a la reforma al artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política de Baja California”.
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Agregó que con dicha omisión se impide ilegalmente al Poder Ejecutivo local el ejercicio de su atribución constitucional para sancionar, promulgar y publicar la declaratoria Formal de Incorporación Constitucional, hecho que se traduce materialmente en una invasión de competencias.
No obstante, el ministro Alberto Pérez Dayán consideró que la no remisión de la reforma no invade competencia alguna del Ejecutivo estatal, lo que hace improcedente la controversia, ya que esta figura sólo sirve a los poderes para defender su ámbito competencial.