La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debe revelar los montos pagados en indemnizaciones compensatorias por violaciones a derechos humanos, entre el primero de enero de 2017 y el 29 de julio de 2019.
Lo anterior, por orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que la CEAV entregó información incompleta al ciudadano solicitante.
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De acuerdo a la comisionada Blanca Lilia Ibarra "garantizar el derecho a saber en este asunto resulta relevante para posibilitar el escrutinio ciudadano y evaluar si el Estado mexicano ha destinado los recursos suficientes para compensar a las víctimas de violaciones a derechos humanos, como lo prevé la Ley General de Víctimas".
"El derecho de acceso a la información es un recurso indispensable no solo para favorecer el respeto a los derechos y libertades de las personas sino para fortalecer la obligación del Estado de velar por su irrestricto cumplimiento", indicó.
Con base en datos de CEAV, de 2014 a 2018, la dirección especializada en Atención a Víctimas de Tortura coordinó mil 518 asuntos que involucraban a 2 mil 949 víctimas directas y 754 indirectas y destacó 51 resoluciones por las que se erogaron 10 millones 300 mil dólares.
El solicitante pidió el tipo de daño compensado, la información por violación a los derechos humanos, y el número de víctimas involucradas directa o indirectamente; sin embargo, la Comisión señaló que no había erogado recursos por ese concepto.
Informó la dependencia que al 31 de agosto de 2019, como parte de la reparación integral del daño, se otorgaron mil 17 millones de pesos. Especificó que, del monto total, 651.4 millones de pesos se otorgaron por concepto de compensaciones por violación de derechos humanos cometidas por autoridades federales, en beneficio de 845 víctimas.
Además, poco más de 366 millones por compensaciones subsidiarias por la comisión de delitos del fuero federal, en beneficio de 711 víctimas.
El pleno del INAI determinó que el criterio de búsqueda utilizado fue restrictivo, pues se comprobó que cuenta con información como la requerida, desglosada al menos por número y tipo de víctima, tipo de apoyo otorgado y concepto de pago.
Por ello, revocó la respuesta de la CEAV y le instruyó hacer una nueva búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes, con criterio amplio, a fin de entregar al particular la información de su interés.