Las comisiones de Hacienda y Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron con 33 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, una del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y una del Partido Encuentro Social (PES), el paquete de reformas en materia penal que equipara la facturación falsa y las empresas fantasma, al delito de delincuencia organizada y los cataloga como asuntos de seguridad nacional.
El proyecto que quedó en los mismos términos a los aprobados previamente en el Senado de la República, se programará a discusión en el Pleno, en la sesión de este martes 15 de octubre, anticipó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado.
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El congresista aseveró que con dicha norma, terminará en el país el "huachicoleo fiscal".
"Esto es muy importante, ponerle punto final al huachicoleo fiscal, evitar toda esta industria que creció en los últimos años para defraudar al fisco, defraudar a los mexicanos. En la cuarta transformación todos debemos pagar los impuestos que nos corresponden, porque ahora si los recursos públicos están siendo utilizados con austeridad y con transparencia. Entonces mañana se acaba con el huachicoleo fiscal", festinó de manera anticipada.
Delgado Carrillo afirmó que los empresarios cumplidos no se verán afectados ni siquiera en caso de equivocación o incumplimiento involuntario.
Al respecto, el coordinador del Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo, señaló que tipificar como delincuencia organizada la facturación falsa es una exageración y es poco serio, porque en algún momento podrá ser tomado como "terrorismo".
En el debate en comisiones, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluso la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, criticaron la norma al calificarla como violatoria de derechos humanos, excesiva e incluso, como una expresión del "terrorismo fiscal".
Villavicencio Ayala calificó como "totalmente incorrecto" que al tipificar como delincuencia organizada las actividades en cuestión, en los hechos se le pretenda "dar la vuelta" a la Constitución y lo que establece en materia de prisión preventiva oficiosa.
Su compañera de bancada, la diputada Martha Patricia Ramírez cuestionó la reforma al señalar, claramente y "hablando en plata", que sus compañeros de bancada buscan "meterla a chaleco", aunado a que se exceden al involucrar asuntos de seguridad nacional. Se está legislando de manera "artificiosa" cuando no había prisa alguna, dijo.
Al catalogar como amenazas a la seguridad actos contra el fisco y aplicarles prisión preventiva oficiosa, "se pueden engañar a sí mismos, pero no a los ciudadanos", abundó la diputada Ramírez Lucero.
El panista Carlos Alberto Valenzuela recalcó que las disposiciones aplicables al empresariado, a las cuales se refirió como "ley garrote", serán "terrorismo fiscal".
La priísta Mariana Rodríguez advirtió que las empresas, por cualquier error fiscal, serán consideradas un "cártel" para el Ejecutivo Federal, que considerará "delincuencia organizada" a empresas debidamente constituidas, que crean empleos y pagan impuestos.
La congresista señaló que la "persecución" a empresarios será un fracaso.
Dichas acciones de "terrorismo fiscal" más que combatir la defraudación, ahuyentarán inversiones, sentenció la coordinadora perredista, Verónica Juárez.
En contraparte, la morenista Aleida Alavéz, sentenció que no habrá persecución alguna, nadie que no utilice facturas falsas deberá temer, porque no se busca llevar a inocentes a prisión.
Tras admitir que las medidas pueden ser un poco excesivas, sentenció que quienes incurran en esa falta y conformen empresas fantasma "se les acabó la fiesta".
El diputado del PES que se abstuvo, Iván Pérez Negrón, señaló que sin aclarar el alcance de la reforma, la defraudación fiscal no puede ser considerada delincuencia organizada.
Ejemplificó el hecho al puntualizar que traficantes y secuestradores no se constituyen formalmente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para defraudar al Estado. Faltas fiscales, dijo, no pueden equipararse a delincuencia organizada ni como amenazas a la seguridad nacional.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas demandó que no se lancen acusaciones contra empresarios ni se ventile su situación fiscal a través de "chismes" y expresó un claro "no a la ley garrote".
Los diputados del PRD, Antonio Ortega; y del PAN, José Isabel Trejo, puntualizaron que la reforma no tiene propósitos claros, pues aunque la defraudación fiscal deja pérdidas multimillonarias, los cambios no establecen cuántos recursos se podrían recuperar.
En defensa de la norma, el coordinador petista, Reginaldo Sandoval y su compañero de bancada, Óscar González, dijeron que el que nada debe nada debe temer, aclararon que las disposiciones no afectarán a los contribuyentes comunes y demandaron "no asustar con el petate del muerto".
Incluso, subrayaron que aún con esas disposiciones en aplicación, ningún empresario formal dejará el país, porque México es y seguirá siendo "un gran negocio".