La fracci\ón parlamentaria del Partido Acci\ón Nacional (PAN) en la C\ámara de Diputados present\ó una iniciativa que es analizada en comisiones, cuyo fin es establecer claramente la sanciones para las empresas telef\ónicas que no cumplan con la obligaci\ón de bloquear las llamadas realizadas desde centros penitenciarios.
El diputado promovente, Jorge Luis Preciado, se\ñal\ó que se estima, cada a\ño la delincuencia organizada realiza cerca de 3.7 millones de llamadas desde tel\éfonos celulares y casetas ubicadas en c\árceles federales y estatales, con el fin de cometer delitos como extorsi\ón, lo anterior, de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Preciado Rodr\íguez pidi\ó establecer en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi\ón, un cap\ítulo denominado "Sanciones en materia de seguridad y justicia", a fin de imponer multas de 1.1 y hasta 4 por ciento de los ingresos del concesionario de telefon\ía que incumpla la obligaci\ón de bloquear las llamadas realizadas desde dispositivos localizados en centros penitenciarios.
Se\ñal\ó que la reincidencia en el incumplimiento, deber\ía penalizarse con la revocaci\ón de las concesiones. Al pedir que se impongan las sanciones referidas, el diputado Preciado Rodr\íguez se\ñal\ó que seg\ún el Comit\é Especializado de Estudios de Investigaci\ón en Telecomunicaciones, cada semana se realizan desde penales estatales, cerca de 43 mil enlaces telef\ónicos, utilizando 90 dispositivos.
Agreg\ó que lo recaudado con el cobro de multas aplicadas a las compa\ñ\ías de telecomunicaciones, deber\ía destinarse al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparaci\ón Integral de las V\íctimas, contemplado en la ley.
Record\ó que el art\ículo 190 de la norma, establece que los concesionarios colaborar\án con las autoridades competentes, al fin de cancelar o anular de manera permanente las se\ñales de tel\éfono celular, radio comunicaci\ón, transmisi\ón de datos o im\ágenes, dentro del per\ímetro de los centros de readaptaci\ón social, establecimientos penitenciarios o de internamiento para menores de edad a nivel federal o local.
A\ñadi\ó que si la norma se cumpliera, se podr\ía avanzar en el combate a los delitos de extorsi\ón v\ía telef\ónica.
Para ejemplificar la gravedad del problema, indic\ó que entre enero y agosto de 2017, se presentaron cerca de 206 mil reportes de v\íctimas de extorsi\ón.
De acuerdo a la Asociaci\ón Nacional de Telecomunicaciones, refrend\ó, de los m\ás de cinco millones de llamadas hechas ese a\ño, 3.7 millones tuvieron fines de torsi\ón y salieron de centros penitenciarios.