Las Mujeres V\íctimas de Tortura Sexual en Atenco, celebraron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero exigieron que el estado les otorgue justicia y garantice la no repetici\ón de los hechos para ninguna comunidad.
En conferencia de prensa, las 11 mujeres que interpusieron este recurso internacional contra el Estado Mexicano, acompa\ñadas por las organizaciones que las respaldaron, aseguraron que la sentencia representa el triunfo de la dignidad y la verdad frente a un Estado que las denost\ó y les neg\ó la justicia.
La resoluci\ón, que llega despu\és de 12 a\ños de sucedidos los hechos y luego de m\ás de 10 a\ños de litigio ante el Sistema Interamericano, considera al Estado mexicano responsable por la violaci\ón a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y la prohibici\ón de tortura; el derecho de reuni\ón; el derecho a la libertad personal y el derecho a la defensa; los derechos a las garant\ías judiciales y la protecci\ón judicial; y el derecho a la integridad personal de los familiares de las once mujeres denunciantes, y dicta una serie de medidas reparatorias.
Foto por\ Emiliano Pensamiento / Cencos
Una de las v\íctimas, Edith Rosales se\ñal\ó que el reto es luchar porque la sentencia no se quede en el papel, que el gobierno les garantice justicia y no repetici\ón de los hechos.
El nuevo Gobierno federal ha mostrado su benepl\ácito ante la sentencia; en ese sentido, consideraron las representantes legales de las mujeres, es necesario que para la materializaci\ón de su cumplimiento se preste especial atenci\ón a la realizaci\ón de una investigaci\ón de los hechos que considere todos los niveles de responsabilidad y a que se realicen las reformas necesarias para que se evite el uso pol\ítico de las polic\ías contra el derecho a la manifestaci\ón y a la libre expresi\ón.
La sentencia contiene recomendaciones clave para la agenda estructural sobre derechos humanos que deben expresarse en pol\íticas p\úblicas.
Foto por Emiliano Pensamiento / Cencos
Una de ellas es la relativa a los controles externos sobre la actuaci\ón de los cuerpos policiales. "Mientras en el Congreso se discute sobre la Guardia Nacional y la militarizaci\ón, esta sentencia reafirma la importancia de democratizar a los cuerpos civiles de seguridad y de seguir para ello los est\ándares internacionales", afirm\ó el Centro Prodh.
"El actual gobierno hered\ó un sistema de justicia devastado y una impunidad rampante que alcanza al 99% de los delitos denunciados. En ese sentido, el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana es una oportunidad invaluable para se\ñalar que se est\á siguiendo un camino diferente al de los anteriores sexenios", consideraron las organizaciones.