La propuesta de crear la Guardia Nacional, planteada por el Ejecutivo Federal a trav\és de su mayor\ía en el Congreso de la Uni\ón, es contraria a derechos humanos, alert\ó el padre Miguel Concha, de la comisi\ón Mexicana de Defensa y Promoci\ón de los Derechos Humanos.
Al participar en las audiencias p\úblicas organizadas en la C\ámara de Diputados, advirti\ó que es m\ás f\ácil militarizar, que civilizar a los militares.
Otorgar m\ás facultades y protagonismo a las Fuerzas Armadas, equivale a reconocer la incapacidad de las autoridades civiles para brindar seguridad a la poblaci\ón, advirti\ó.
Al plantear preocupaciones y exigencias sobre la propuesta del Presidente de la Rep\ública, Concha subray\ó que por ning\ún motivo, los militares deben ser facultados a investigar y procurar justicia, por lo que es preciso modificar el dictamen por discutir en un periodo extraordinario de sesiones.
"El modelo de Guardia Nacional que se presenta, es contrario a los principios de un Estado democr\ático de derecho. La gran atribuci\ón de facultades y el protagonismo concedido a las Fuerzas Armadas en esa iniciativa se traduce en un reconocimiento inaceptable de la incapacidad de las autoridades civiles para hacerle frente a los retos de inseguridad", expres\ó.
Aunque se "saluda" el anuncio de las autoridades federales respecto a que el mando de la Guardia ser\á civil, y que la Secretar\ía de Seguridad P\ública estar\á a cargo, Concha Malo remarc\ó que persisten las preocupaciones.
"Saludamos la informaci\ón en el sentido de que la Guardia Nacional ya no estar\ía adscrita a la Secretar\ía de la Defensa Nacional, as\í como la informaci\ón que reconoce que su mando operativo sea civil. Pero nos sigue preocupando que se proponga reformar para otorgarles a las Fuerzas Armadas facultades de seguridad, administraci\ón y procuraci\ón de justicia", dijo.
El padre Concha inst\ó a los congresistas a no dejar a un lado a las v\íctimas.
Remarc\ó que el uso de las Fuerzas Armadas contraviene observaciones, recomendaciones y sentencias de organismos de derechos humanos contra M\éxico.
Se pronunci\ó a favor de programar el retiro paulatino y progresivo de las Fuerzas Armadas, lo que deber\ía ocurrir en un plazo no mayor a tres a\ños.
Advirti\ó que la implementaci\ón del nuevo cuerpo policiaco es contraria a la garant\ía de no repetici\ón de la violencia y violaciones a derechos humanos; es contradictoria y "revictimizante"; aunado a que es regresiva, porque contraviene obligaciones internacionales en derechos humanos.
Al argumentar que toda intervenci\ón en tareas de seguridad debe ser justificada, excepcional y temporal, hizo \énfasis en la petici\ón de que la Guardia no tenga facultades de administraci\ón y procuraci\ón de justicia ni de investigaci\ón.
Pidi\ó que la aplicaci\ón de la fuerza se haga conforme a los principios de proporcionalidad; que la Guardia est\é sujeta a fiscalizaci\ón; y se conforme a partir de corporaciones civiles, aunque cuente con la colaboraci\ón de las Fuerzas Armadas, lo que deber\á ocurrir de manera excepcional, no general.
Exigi\ó que no se deje de lado la urgencia de capacitar y profesionalizar a las corporaciones civiles de seguridad p\ública en todo nivel; y poner especial \énfasis en salvaguardar los derechos humanos con perspectiva de g\énero.
Se deben fortalecer los cuerpos polic\íacos estatales y municipales, para que sean capaces de prevenir, investigar y detener a presuntos culpables bajo direcci\ón del Ministerio P\úblico y con estricto apego a derecho, dijo.
La procuraci\ón de justicia debe llevarse a cabo en las instituciones civiles, sin permitir la injerencia de militares, como ya lo establece la Constituci\ón, remarc\ó.
Subray\ó la necesidad de programar el retiro paulatino de los militares a sus cuarteles, porque, insisti\ó, no se debe apelar a la militarizaci\ón de la seguridad.
Recalc\ó la importancia de que en todo momento, los posibles delitos cometidos por los elementos de la Guardia y las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad p\ública, sean juzgados en el \ámbito civil.
Por ning\ún motivo se debe admitir que detenidos sean remitidos a instalaciones militares; y exhort\ó a los congresistas a que modifiquen de manera adecuada el art\ículo 73 constitucional, para facultar al Legislativo a emitir una Ley General sobre el Uso de la Fuerza bajo principios de derechos humanos, as\í como crear el Registro Nacional de Detenciones.