El magistrado Felipe Fuentes Barrera defendió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mediante la cual revocó la multa de 197 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena por las presuntas irregularidades registradas en el fideicomiso “Por los Demás”.
Al inaugurar en Monterrey los foros regionales “Justicia Electoral, base de la cultura democrática”, Fuentes Barrera puntualizó que la Sala Superior valoró todos los elementos de prueba y agregó que con los videos y notas periodísticas, el INE no logró acreditar un uso indebido de los recursos.
“¿Qué es lo que hace la Sala Superior? Valora estos elementos de prueba y lo único que se justifica de los videos y notas periodísticas es que hubo una promoción del fideicomiso, pero que jamás se aterrizó en que se inyectaran recursos públicos hacia ese fideicomiso. Nosotros reconocemos que, efectivamente, tiene que evitarse el financiamiento paralelo, tiene que evitarse una situación de ilegalidad de los recursos que vayan a campañas políticas, pero por otra parte tiene que ponderarse el principio de seguridad y certeza jurídica, junto con el de legalidad”.
Sobre los cuestionamientos de por qué no se regresó el expediente al INE para una investigación más exhaustiva, el magistrado explicó que ello hubiera implicado una violación al principio de legalidad.
“Aquí, quien acude a la impugnación es quien recibió la sanción. Entonces, para empezar, si yo le regreso al INE el asunto para que realice una mayor investigación, estoy violentando el principio de non reformatio in peius, permítame la expresión coloquial: ‘vienes por lana y sales trasquilado’, es legalidad”.
Sobre este punto, informó que próximamente se emitirá la tesis con el criterio de que “nadie puede ser agravado en su situación jurídica, si es él quien acude a la promoción del medio de impugnación”.
Finalmente, Felipe Fuentes afirmó que no existe ninguna confrontación entre el TEPJF y el INE, ya que “se tratan de diferendos de criterio e interpretación que se generan por la diferencia entre las atribuciones que existen de una autoridad administrativa y de una jurisdiccional”.