La Ley de Justicia para Adolescentes debe reformarse ya que es uno de los mayores imperativos frente al grave panorama delictivo que priva en la Ciudad de México y existe materia que permite realizar modificaciones constitucionales, aseguró el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Álvaro Augusto Pérez Juárez.
Entrevistado luego de inaugurar la Reunión Nacional de Juzgadores, señaló que esos ajustes deben realizarse en el plano del sistema penal acusatorio que rige la materia penal a partir de junio de 2016.
Lo anterior se desprende luego de la detención en dos ocasiones de dos niños de 12 y 13 años, en la zona de Constituyentes, acusados de asaltar a automovilistas. En ambos casos los menores quedaron libres y regresaron al seno familiar, sin castigo.
“Nosotros nos corresponder aplicar las leyes y nosotros también debemos de ser muy respetuosos de los derechos humanos no solamente de los indiciados, sino de las víctimas.
“Es ahí donde creo que debe venir el ajuste del nuevo sistema y debe ser un ajuste de manera integral, de tal suerte que los jueces contemos con las herramientas técnicas para que dentro de un marco legal y con estricto apego a los derechos humanos se pueda solventar en beneficio de la sociedad”, afirmó.
Pérez Juárez sostuvo que, si las leyes son flexibles en algún punto, como en el caso de los dos chicos que portaban un arma réplica para cometer el ilícito, en el nuevo sistema penal, la prisión es excepción y no regla y eso es lo que el legislador debe visualizar.
“Hay que recordar que el tema de menores es sumamente delicado, porque cuando estos delinquen realmente quienes está fallando es la sociedad, en consecuencia, debemos preocuparnos y ocuparnos en que se dé una reinserción adecuada, en lugar de una represión; la represión bajo ninguna circunstancia debe considerarse como una opción, la prisión debe de ser una excepción y en el caso de menores no podemos bajo ninguna circunstancia hablar de prisión”, dijo.
Agregó que la responsabilidad de la sociedad y del Estado es fomentar la reinserción de los adolescentes y en caso de que un adulto los incite, también deberá recaer el peso de la ley sobre él.
@amarilloalarcon