La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a la comunidad de Bacanuchi, Sonora, contra el proyecto de la empresa Grupo México para construir una presa de jales en su mina de Cananea.
Por cuatro votos a favor y uno en contra, la Segunda Sala otorgó la protección de la justicia a 44 de los cerca de 220 habitantes de la comunidad, quienes impugnaron la licencia ambiental para la presa que otorgó en julio de 2013 la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La resolución del Alto Tribunal se da luego de que en el 2014 se registró un derrame en las instalaciones de la minera Buenavista del Cobre que afectó los ríos Sonora y Bacánuchi.
En su demanda, los quejosos argumentaron que no se respetó el derecho de consulta previa de la comunidad indígena.
Al resolver el amparo, los ministros consideraron que sí se debió consultar a los integrantes de la comunidad previo a la emisión de la autorización otorgada para construir y operar la presa, en aras de cumplir con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
La Segunda Sala resolvió que el derecho a la participación previsto en la Constitución Política y diversos tratados internacionales, no se restringe a participar en asuntos políticos, sino que incluye la posibilidad de incidir en la discusión relativa a políticas y proyectos medioambientales, especialmente, cuando estos afecten a los ciudadanos.