Demandan defensores de la infancia que “no se permita la impunidad” detrás del “fuero clerical”, luego que que siguen sin ser procesadas diversas denuncias por posibles irregularidades que van de castigos y violencia en todos los aspectos, hasta abuso sexual, embarazos adolescentes, trata de personas y adopciones ilegales en la llamada “Ciudad de los Niños”, coordinada por el sacerdote Pedro Gutiérrez y al menos un par de monjas.
Las denuncias destapadas en julio de 2017, no ha sido ratificadas por las víctimas que acusan diversas amenazas “incluso de muerte” en el marco de la operación de la “Ciudad de los Niños A.C”, que presenta un patrón de albergues clericales posiblemente vinculados a altos funcionarios e incluso al crimen organizado que en el pasado han sido centros donde se perpetraron graves abusos en contra de menores, como sucedió con la llamada “Mamá Rosa” o “Casitas del Sur”, recordaron los defensores de infancia.
Piden al Papa Francisco, quién está pidiendo perdón a nivel global por los abusos de sacerdotes, que voltee a mirar a México y se de cuenta que aquí hay muchos temas pendientes y el del cura Pedro Gutiérrez es un caso con más de dos décadas de denuncias y aun así, la iglesia católica y el gobierno estatal siguen protegiéndolo y las autoridades federales siguen sin completar las investigaciones.
Ante el riesgo que corren niñas, niños y adolescentes, han pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordene medidas cautelares para proteger a los menores “atendidos” en “Ciudad de los Niños” y que han sido transferidos a otros centros bajo la custodia del sacerdote Gutiérrez.
Los defensores exigen razón de las niñas y niños que estaban en el establecimiento quienes fueron desplazados a otros albergues y la defensa no ha tenido acceso a ellos “para evitar que declaren sobre las tropelías del sacerdote”, temió Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Secretario Ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los niños, niñas y adolescentes.
Al subrayar que incluso se documentó la suplantación o adopciones ilegales al hallar 170 actas que tenían al sacerdote Gutiérrez con otras dos monjas como los padres “biológicos” de los niños, la Redim junto con el capítulo México de la “Disability Rights International”, demandan tanto al ejecutivo federal como a la Conferencia Nacional de Gobernadores que hagan cumplir la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en especial aquellos que se encuentran en gran desventaja por estar institucionalizados.
Por ello demandaron la colocación de los niños con sus familias extendidas e investigar los hechos denunciados para identificar, juzgar y sancionar a todos los posibles responsables.
“Exigimos justicia en el caso y a la jerarquía que impida la impunidad frente a 7 carpetas de investigación en contra de un sacerdote que no se han movido. No al fuero clerical”, finalizaron.