La bancada de Morena en el Senado presentó este martes su iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual contempla un candado para que el personal de la PGR que no apruebe los procesos de selección del Servicio Profesional de Carrera no pueda ingresar a la nueva Fiscalía.
De acuerdo con la propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria de este martes, el personal adscrito a la PGR tendrá derecho a participar en el proceso de selección para acceder al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República.
En este sentido, el documento establece que el personal que no apruebe los procesos de selección del Servicio Profesional de Carrera dejará de formar parte de la Fiscalía General y se garantizarán condiciones dignas para su liquidación.
El senador por Morena, Julio Menchaca, destacó que no se busca sólo un cambio de nombre en la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República, sino también un cambio de chip.
Por otro lado, la iniciativa plantea que el Fiscal General dure nueve años en el cargo y sea designado por el Senado de la República a partir de una terna que será elegida por el presidente de la República.
De igual forma, prevé la posibilidad de que el Fiscal General sea removido por el Ejecutivo Federal por causas graves, aunque el Senado, por mayoría calificada, podrá objetar dicha remoción en un plazo de diez días hábiles.
Julio Menchaca resaltó que el próximo gobierno es el principal interesado en contar con una Fiscalía General autónoma e independiente. No se trata, dijo, de generar un escenario para un fiscal carnal.
La propuesta contempla también la creación de cuatro fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción, delitos electorales, derechos humanos y asuntos internos.
Además, la senadora Olga Sánchez Cordero destacó que la nueva Ley Orgánica busca garantizar los derechos fundamentales de las víctimas de la violencia que afecta a nuestro país.
La iniciativa, firmada por los senadores Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero y Julio Menchaca, se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos para su análisis.