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La bancada del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para establecer como sanción la “muerte civil” a funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción.
La diputada Fabiola Loya indicó que la propuesta presentada en la pasada Legislatura, consiste en la inhabilitación por corrupción a servidores públicos, particulares y empresas, que no podrán ser contratadas por el gobierno.
Refirió que de acuerdo a la organización Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 135 entre 180 naciones, en materia de corrupción y en el último año no registró ningún avance en el combate a ese flagelo.
Aseveró que este, ha sido el “sexenio de la corrupción”, y recordó casos de ex gobernadores acusados por desvíos de recursos públicos, corrupción y delincuencia organizada, como el del veracruzano Javier Duarte; y el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.
Agregó que escándalos como el de la empresa brasileña Odebrecht, y los desvíos de recursos públicos a través del mecanismo de la “Estafa Maestra”, no han sido penalizados y las investigaciones al respecto han sido deficientes.
Lo anterior, sin contar que el costo de la corrupción en México ronda entre el cinco y el nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Por ello, pidió modificar el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para contemplar la figura de inhabilitación permanente en casos de corrupción.
“La cual garantizaría que cualquier servidor público que sea sancionado por estos hechos no pueda volver a acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse en cualquier empleo o comisión de la administración pública. Al mismo tiempo, establece que los particulares que sean sancionados por los mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisiciones de la administración pública“, detalló.