En plenos desastres 35% de las personas con discapacidad revelan que se les niega información sobre servicios públicos, incluyendo protocolos de actuación frente a las adversidades.
La exclusión sistemática que enfrentan las personas con discapacidad (PcD) en México podría impedir o cancelar su acceso a la protección civil durante los sismos, poniendo en riesgo incluso su vida. Por ello, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) presenta el documento Recomendaciones Básicas para Interactuar con Personas con Discapacidad en Caso de Sismo.
Dicho documento ofrece lineamientos de actuación antes, durante y después de un sismo, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de las PcD. Por ello, el documento enfatiza la necesidad de que se les incluya en la definición de los planes o protocolos de protección civil diseñados para la población en general.
Conapred llama a integrar permanentemente a los comités de protección civil, capacitación y brigadas a personas con distintos tipos de discapacidades, para que estén en posibilidad “real” de acceder a la seguridad durante un temblor.
Con el manual, Conapred define sistemas de alerta y procedimientos de evacuación y ubicación en zonas de seguridad apropiados a las características y necesidades de las personas con discapacidad, con respeto a su autonomía, dignidad e integridad, por lo cual son acordes con parámetros y estándares internacionales de protección civil con perspectiva de no discriminación.
En los últimos 200 años, han ocurrido 75 sismos de alta magnitud en México; ante ello, las recomendaciones resaltan la importancia de que las personas con discapacidad a ser evacuadas conserven en todo momento sus apoyos para la movilidad (como bastones, andaderas o silla de ruedas), o bien, para la audición o visión, de tal manera que puedan participar activamente sin perder el control total ante una situación de riesgo.
Como parte del respeto, la protección y la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación que dicta el artículo primero Constitucional, el documento es una medida para corregir condiciones de desigualdad y de trato hacia estas personas históricamente discriminadas.