El Juez de Control con residencia en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, decretó el sobreseimiento del proceso penal que se inició en contra del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por el presunto desvío de 250 millones de pesos del gobierno de Chihuahua para financiar las campañas de su partido.
La resolución del impartidor de justicia se dio luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó el sobreseimiento de la causa penal, al argumentar que no contaba con los elementos suficientes para continuar con el proceso.
Detalló que como juez de control no puede obligar a la autoridad ministerial a continuar con la indagatoria, además de que tampoco cuenta con facultades de investigación; por lo que su única opción era declarar procedente el sobreseimiento.
Una de los argumentos presentados por la PGR para no acusar al político priista fue que el apoderado legal de la empresa Jet Combustibles, la cual es accionista, es su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez, quien fue el responsable de cobrar los 4 millones de pesos del contrato que presuntamente se usó para el desvío de recursos públicos.
Al final de la audiencia, la cual se extendió por más de dos horas, el Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza, lamentó que los fiscales de PGR hayan fungido como la defensa del ex secretario General del PRI en lugar de continuar con la investigación.
Incluso, reveló que la PGR no hizo ninguna diligencia en Chihuahua, puesto que se limitó a enviar “un par de oficios” y a dejar pasar el tiempo de la investigación complementaria, renunciando además a extender el plazo de la indagatoria al que tenían derecho.
Por ello, adelantó que presentarán una denuncia penal contra las cinco fiscales por delitos contra la administración de la justicia y el ejercicio indebido de funciones.
Pese a la resolución, Alejandro Gutiérrez no saldrá libre de forma inmediata, ya que debe correr un plazo de 10 días hábiles para posibles impugnaciones por parte de la PGR, de la Secretaría de Hacienda, así como de la defensa del imputado.