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El diputado federal electo por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez, adelantó que propondrá revisar a fondo los subsidios que la Federación transfiere a estados en materia de educación y fortalecimiento financiero a nivel estatal y municipal, a través de los que se presume, se han generado desvíos millonarios de recursos públicos y anomalías como el cobro de “moches”.
Ramírez Cuéllar acusó que durante años, parte del gasto federalizado ha sido utilizado por funcionarios federales y gobernantes como instrumento para orquestar desvíos y ejercer el favoritismo.
El aspirante a coordinar a Morena en San Lázaro, en la LXIV Legislatura, explicó que las partidas
destinadas a los estados a través de transferencias y subsidios federales, en especial en materias como la educativa y para obras en municipios y comunidades, recurrentemente son utilizadas con discrecionalidad y es preciso poner fin a dichas anomalías.
A modo de ejemplo, refirió que la partida identificada en el paquete presupuestal con el número 43801, correspondiente al Ramo 23, es la que ha sido utilizada por algunos congresistas y funcionarios tanto estatales como federales, para el cobro de “moches”.
Aprovechando movimientos administrativos, como el cambio constante de nombre de las partidas y programas, el legislador electo Indicó que en 2015, se asignaron más de mil millones de pesos asignados a “Contingencias Económicas”, pero se ejercieron más de 70 mil millones.
Para 2016, abundó, se asignaron mil 481 millones de pesos a un programa adscrito a esa partida identificado como “Fortalecimiento Financiero” y el número U130. Sin embargo, el recurso ejercido superó los 62 mil millones de pesos.
En 2017, el programa registrado con el número U135 y el nombre “Fondo para el Fortalecimiento Financiero”, recibió tres mil 243 millones de pesos; y el monto ejercido fue de más de 55 mil 116 millones de pesos.
Los programas autorizados para el fortalecimiento de las finanzas estatales beneficiaron en particular a algunas entidades como el Estado de México, que recibió casi 23 mil millones de pesos; mientras que Chiapas y Puebla recibieron más de 10 mil y medio millones de pesos, respectivamente.
El caso es similar para el dinero destinado en Apoyo a centros y organizaciones de educación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), inscrito en el presupuesto con el número U080, dijo.
En 2014, a ese rubro se asignaron mil 957 millones de pesos; y en el transcurso del ejercicio fiscal, la Secretaría de Hacienda (SHCP) autorizó una ampliación que finalmente llego a 30 mil 937 millones de pesos.
En 2015, el dinero aprobado para ese programa fue de mil 70 millones, y el gasto final superó los 25 mil 600 millones de pesos.
En 2016, el monto autorizado fue de 961 millones, pero se ejercieron 17 mil millones; y en 2017, los 589 millones de pesos aprobados, se dispararon hasta llegar a 24 mil millones de pesos, alertó.
Al señalar que de 2014 a 2018, a través de la partida U080 se ejercieron más de 101 mil millones de pesos, de los cuáles más de 90 mil millones fueron adicionales a los autorizados, recalcó que las entidades beneficiarias nuevamente fueron el Estado de México y Chiapas, a los cuales se sumaron Veracruz y Michoacán.
Los recursos referidos, abundó, tuvieron un uso poco transparente, discrecional, no se sabe cuál fue su destino final y tampoco se tiene claro si su aplicación generó un impacto positivo en la población.
Por lo anterior, advirtió Ramírez Cuéllar, en la siguiente administración se buscará poner orden en la autorización y utilización de esos montos.