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El alto nivel de endeudamiento que dejará la administración del Presidente Enrique Peña obligará a revisar el gasto público y hacer ajustes en la materia, adelantó el senador Alejandro Encinas, designado por el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como subsecretario de Gobernación.
Entrevistado en el Senado de la República, Encinas Rodríguez estimó que se podrá hacer frente a esa problemática a partir de acciones como el plan de austeridad perfilado para la siguiente administración.
La reducción a gastos superficiales e innecesarios, indicó, permitirá arrancar el sexenio con los programas y planes anunciados por López Obrador, manifestó.
“Y hoy la deuda alcanza más de la tercera parte del Producto Interno Bruto, lo cual ya general problemas en la administración de la misma respecto al manejo general de los recursos. Yo creo que habrá que revisar toda la deuda, hacer un ajuste de la misma, pero yo creo que con las políticas de austeridad y de ajuste en el gasto, va a haber recursos suficientes para iniciar el nuevo gobierno con las políticas que hemos visto anunciadas”, apuntó.
El legislador señaló que genera presiones la última solicitud de emisión de deuda hecha por el gobierno mexicano a la Comisión de Valores de Estados Unidos, por 10 mil millones de dólares, con propósitos de refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo.
Lo anterior, al recordar que el sexenio terminará con un endeudamiento global superior al 46 por ciento del PIB.
A pregunta expresa, el también ex Jefe de Gobierno del anterior Distrito Federal manifestó que pese a la situación, la administración entrante no tiene previsto solicitar moratorias de pago de la deuda y sus intereses.
Al acompañar a legisladores electos del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Hidalgo, que denunciaron las agresiones del gobernador de esa entidad, el senador Encinas indicó que los intentos de mandatarios estatales, de entorpecer las decisiones que las mayorías morenistas impulsarán en congresos estatales, podrían propiciar la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).