La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 32, dirigida a las Secretarías de Medio Ambiente; Energía; Economía y Salud, así como a la Comisión Reguladora de Energía, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y a los gobernadores y presidentes municipales, por violaciones a los derechos humanos a la salud, nivel de vida adecuado, medio ambiente sano e información pública, ocasionadas por la contaminación atmosférica urbana.
El Sexto Visitador General del organismo, Jorge Ulises Carmona Tinoco, detalló que entre las violaciones más importantes se encuentran: la falta de revisiones exhaustivas y actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud ambiental, por lo que recomendó a la Secretaría de Salud la adopción de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la finalidad de elevar los parámetros de protección en salud en todo el país.
Asimismo, destacó la inadecuada implementación y/o funcionamiento de las estaciones y redes de monitoreo atmosférico a nivel nacional, mediante las cuales es posible determinar los índices de contaminación en las ciudades, por lo que recomendó a las autoridades implementar medidas de reparación, funcionamiento y seguimiento necesarias para su correcto funcionamiento.
“Hay algunas mediciones que resultan, incluso yo calificaría hasta de alarmantes, decir que hasta a veces el 80% de los días del año tenemos un rebase en los límites; ya rebasar el límite, aunque sea por uno, ya es peligroso para la salud; ya afecta. Entonces, no hay una medición y precisamente es lo que estamos señalando: oiga, no podemos medir con lo que existe actualmente, con sistemas de monitoreo desactualizados o con mal funcionamiento o que no existen datos y, sobre todo, el problema, digo, en la capital, vemos cómo se han tomado diversas medidas, sean o no suficientes, pero hay ciudades en las cuales no se ha tomado medida alguna y ya tienen un problema bastante grave de contaminación”.
Del mismo modo, la CNDH recomendó a los gobernadores y presidentes municipales llevar a cabo la revisión de vehículos y concesiones de transporte público, para detectar unidades altamente contaminantes y estudiar la viabilidad de su reemplazo por unidades de cero emisiones.