La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 33/2018 dirigida a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobernadores, jefe de Gobierno y la Comisión Nacional de Seguridad, con el fin de corregir las limitaciones que contravienen el derecho de las personas privadas de la libertad a tener vinculación con el exterior.
En este sentido, las autoridades del sistema penitenciario deben proporcionar y facilitar a las personas privadas de la libertad los servicios de visita familiar, íntima, de locutorios, de abogados defensores, de asistencia social y religiosa, comunicación telefónica, correspondencia y biblioteca, así como diversos medios de comunicación electrónicos, impresos y equipos de cómputo, estos últimos para efectos de aprendizaje, todo ello dentro de la seguridad que establece la ley y bajo estricta supervisión externa.
Por lo anterior, la CNDH pidió a las autoridades impulsar la adopción de una política pública nacional que reglamente y genere protocolos respecto de las acciones de la vinculación de la prisión con el exterior, centrado en el respeto a los derechos humanos y orientado a la reinserción social de las personas privadas de la libertad; organizar, capacitar y sensibilizar al personal directivo, técnico, administrativo y de seguridad de los centros penitenciarios en esta materia, y fortalecer las acciones tendentes a dar eficacia al citado derecho, mediante políticas públicas integrales en materia penitenciaria que garanticen a los internos estancia digna y segura en los centros de reclusión.
También, deberán impulsar programas de coordinación con las autoridades corresponsables señaladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como el fortalecimiento de un sistema de visitas que se realicen con base en el respeto a los derechos humanos de las personas internas y de quienes ingresan a los centros, privilegiando el interés superior de la niñez que visite a sus familiares.