Debido a que el marco jurídico del sistema penitenciario del país aún no contempla la garantía del derecho humano a la libertad religiosa y de cultos de las personas privadas de la libertad, en este rubro fue calificado con cero por el Estudio de Armonización Legislativa entre el Sistema Penitenciario Mexicano y las normas internacionales.
En contraste, la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que el emparejamiento general es del 87 por ciento.
No obstante, es necesario intensificar los trabajos para lograr la incorporación a los ordenamientos correspondientes, para garantizar un efecto útil en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las población de los centros penitenciarios, afirmó Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora General del organismo.
En este contexto explicó que el objetivo del estudio es verificar la concordancia que existe entre las leyes y las normas e instrumentos internacionales que, conforme a su mandato constitucional, garanticen la viabilidad del ejercicio y goce de los derechos humanos, así como su eficaz protección y defensa.
Asimismo la Tercera Visitadora General de la CNDH precisó que hubo cuatro disposiciones jurídicas, de las 20 que se estudiaron, que obtuvieron una calificación de solo 60% de avance.
Detalló que fueron las relativas a los derechos de las personas que han sido privadas de su libertad a una estancia digna; a la información; al debido proceso administrativo; y a estar cerca de su domicilio.
De esta manera, agregó, las 15 restantes alcanzaron un 100% de puntuación.
En tanto, Fernando Elizondo García, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destacó que la relevancia del estudio de armonización radica en un contexto donde 10.3 millones de personas en el mundo están privadas de la libertad, es decir, 144 personas por cada 100 mil habitantes; mientras que en México la tasa es superior a esa cifra, con una población entre los 18 y los 39 años de edad, lo cual tiene un costo para el país, pues la principal fuerza laboral está encerrada.