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El Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso Tlatlaya. En respuesta a un recurso de la víctima y sobreviviente Clara Gómez González, se ordenó a PGR realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, reporta el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez.
La sentencia orden a las autoridades realizar -de manera ininterrumpida y con celeridad- diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando, investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal.
Al analizar el juicio de amparo 545/2017, interpuesto el 15 de junio de 2017, el juez Erik Zabalgiotia Novales reconoció que la investigación defectuosa de la PGR “ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia”.
No se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados; y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal.
Además, las autoridades no han considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh en el primer aniversario de los hechos.
Debido a la “fallida” investigación de la PGR, a la fecha “no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia, al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables”, a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente.
Tampoco se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución y que no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena. Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos en México.
Para Clara Gómez y sus representantes, el hecho de que el Poder Judicial tenga que ordenar a la PGR que realice una investigación de forma adecuada tras cuatro años de una de las violaciones a derechos humanos más emblemáticas del sexenio es ilustrativo de los riesgos de la Ley de Seguridad Interior, que dota de mayores facultades a la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sin que haya contrapesos ni salvaguardas extraordinarias.
La falta de rendición de cuentas de los elementos militares y el abuso de la fuerza han sido una constante desde el inicio de la Guerra contra el Narcotráfico, agregan los defensores.
“Para cerrar una etapa que ha causado inconmensurables pérdidas y dolor a centenares de miles de familias en México, es indispensable hacer un cambio del paradigma de seguridad, pero también procurar justicia pronta en los casos concretos que han puesto rostro a la grave crisis de derechos humanos en México” urge el Centro Prodh.