En un hecho sin precedentes, el gobierno federal puso en marcha una ofensiva jurídica en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado con residencia en Tamaulipas que ordenó crear la Comisión de la Verdad para el caso Iguala.
El pasado 6 de julio ocho secretarías y órganos del gobierno federal interpusieron un recurso revisión extraordinaria ante el Tercer Tribunal Unitario con sede en Reynosa, al que le corresponde supervisar el cumplimiento de los amparos concedidos a los implicados en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El recurso, con el que buscan llevar este caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue presentado por la PGR, así como por las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Salud y Hacienda, la Policía Federal, el Órgano de Prevención y Readaptación Social, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El magistrado Sabino Pérez García, titular del Tribunal, pidió a las dependencias para que en un plazo de tres días contados a partir de la notificación, anexen más copias de sus recursos, antes de acordar el trámite que les dará, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso.
Cabe recordar que Pérez García ya analiza un incidente de imposibilidad de cumplimiento jurídico de los amparos, en lo que toca a la creación de la Comisión de la Verdad, que fue promovido por la PGR.