La Segunda Comisión de la Permanente avaló un punto de acuerdo para condenar enérgicamente los hechos de violencia registrados en Nicaragua, a partir de las protestas iniciadas el pasado 18 de abril.
El acuerdo, aprobado sin mayor discusión, plantea realizar un exhorto al Ejecutivo a fin de que se pronuncie en contra de la violencia y represión promovida por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Además, el documento contempla un pronunciamiento por una pronta solución al conflicto que permita generar las condiciones necesarias para el ejercicio irrestricto de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.
De igual forma, se solicita a todos los partidos políticos que emitan un enérgico pronunciamiento en contra de los actos de represión y las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Los legisladores señalaron que las acciones del gobierno de Nicaragua ante las movilizaciones del pueblo han violentado la Constitución de esa nación y vulnerado los derechos humanos, por lo que es necesario que nuestro país repudie de manera categórica lo que ha ocurrido.
Destacaron que la reacción del gobierno mexicano ha sido insuficiente, pues no ha realizado una condena enérgica, convirtiéndose en un aval a la situación que impera en el país centroamericano.