Familiares de los 43 desaparecidos, así como diversas organizaciones sociales se pronunciaron porque sea la Suprema Corte de Justicia de las Nación la que resuelva en definitiva si la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad del Caso Ayotzinapa es viable o no jurídicamente.
Este miércoles se dio a conocer el fallo del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, a cargo del Magistrado Sabino Pérez García y con sede en Reynosa, Tamaulipas, cuyo acuerdo considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República” en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito judicial.
Anteriormente este órgano judicial ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad del Caso Ayotzinapa, aunque la nueva determinación del Magistrado Sabino Pérez García del referido Tribunal Unitario, lo echa por tierra.
Sostuvieron que dicha resolución es consecuencia de una “acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos”, lo que equivale a toda la fuerza del Estado “volcada al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”.
Dichas instituciones que impugnaron la sentencia son: Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados.
Las Organizaciones Sociales y los familiares de los normalistas desaparecidos lamentaron que el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito haya sucumbido a la inusitada presión del Gobierno Federal y estimó que el cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado es imposible.
Consideraron que sería en extremo preocupante que la Corte se alinee al ilegal proceder del Gobierno Federal en el caso Ayotzinapa.
Por esa razón, los familiares de las víctimas del caso Iguala y las organizaciones que los representan afirmaron que esta decisión, lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad.
@amarilloalarcon