El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, informó ante diputados federales, que el organismo mantiene y mantendrá el seguimiento a cinco casos polémicos detectados en la fiscalización a las Cuentas Públicas de años anteriores al 2017.
Se trata de las revisiones al Nuevo Aeropuerto; las irregularidades en la compra de Agro Nitrogenados, por parte de Pemex; el Paso Exprés de Cuernavaca; Odebrecht; y la contratación de universidades públicas identificada públicamente como la “Estafa Maestra”.
La fiscalización a esos expedientes, apuntó, se mantuvo en la revisión de la Cuenta Pública 2017, y seguirá en la revisión correspondiente al 2018.
“La institución implementará una política de total transparencia sobre el seguimiento a las acciones emitidas. De manera específica deseo resaltar cinco temas que por su naturaleza, han tenido un impacto en la opinión pública. Uno, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dos, adquisiciones y puesta en operación de planta de Agro Nitrogenados por parte de PEMEX. Tres, Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos. Cuatro, contratos de obra pública adjudicados a la constructora Norberto Odebrecht. Cinco, contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, entre entes públicos”, puntualizó.
En particular sobre los contratos entre entes públicos firmados conforme a la Ley de Adquisiciones, y que involucran a dependencias federales e instituciones de educación pública, el auditor Colmenares Páramo señaló que la instrucción es transparentar la fiscalización, así como dar seguimiento puntual a las 17 denuncias penales presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que los responsables sean identificados y sancionados.
“He girado instrucciones para mostrar total apertura y transparencia respecto al seguimiento de los pliegos de observaciones emitidos como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de 2013 a 2016”, indicó.
“Los cuales en los casos de las dependencias más observadas ascienden a 71. Caben resaltar que hasta el momento 11 de ellos dieron pie al inicio de procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria (…) Los 11 procedimientos involucran un monto de más de mil 88 millones de pesos y se relacionan con 72 presuntos responsables de los cuales, 63 son personas físicas y nueve son personas morales”, subrayó.
“He dado la instrucción para que la Auditoría se coordine permanentemente con la Procuraduría General de la República, respecto a las 17 denuncias penales que se han presentado sobre el tema, y que involucran un monto de tres mil 37 millones de pesos y que actualmente se encuentran en etapa de integración”, añadió.
El auditor Colmenares Páramo se comprometió a que las denuncias penales presentadas hasta el momento, y las que seguramente se presentarán en próximos meses y días, tendrán efectos, y obligarán a que los responsables rindan cuentas.