De acuerdo a la Encuesta Nacional Democracia Sin Pobreza levantada en el curso del proceso electoral de 2018, el 33.5 por ciento de los ciudadanos consultados –que equivalen a 30 millones de votantes elegibles en la lista nominal- estuvieron expuestos a la compra del voto por alguno de los partidos políticos que participan en la contienda que culminará el próximo domingo.
“A pesar de que el intento fue intenso y masivo, entre quienes estuvieron expuestos a las ofertas de compra del voto, poco más de la mitad rechazó ofrecimientos de dinero, tarjetas, bienes o promesas de incorporación a programas sociales, asegura la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, organización de la sociedad civil que encargó este ejercicio.
Si bien se estima que 15 millones de mexicanos rechazaron vender su voto en estas elecciones 2018, un aspecto preocupante es que 2.5 por ciento de los encuestados declaró que los promotores del voto se quedaron con su credencial de elector, en franca violación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Este porcentaje significaría cerca de 2.3 millones de votantes elegibles que pudieron haberse quedado sin credencial para votar.
La agrupación pide a las autoridades correspondientes a que “hagan un último y amplio esfuerzo para disuadir el condicionamiento del voto y garantizar a la ciudadanía de que su voto será libre, secreto y bien contado. Por su parte, instamos a la ciudadanía a votar en libertad y de forma masiva para minimizar los efectos de los intentos de compra de voto por parte de partidos y candidatos.
La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza detalla que la oferta de compra de votos se dio por parte de la mayoría de los partidos políticos nacionales, lo que pulverizó sus potenciales efectos en los resultados de los comicios y hace probable que esta práctica no sea determinante para la elección presidencial, pero si en votaciones muy cerradas en el ámbito local”, comentó el organismo.
De confirmarse esta tendencia el próximo domingo 1º de julio, la compra de votos es una acción que, siendo un delito, “es inútil por partida doble: no ayuda a ganar a candidatos y no supera la pobreza; a la par de que es inmoral, ilegal y no debe quedar impune”.
De acuerdo con la encuesta, 78.9 por ciento de quienes recibieron algún objeto ofrecido por partidos y candidatos consideraron que, si un ciudadano acepta un regalo de un partido político a cambio de su voto, pero no vota por ese partido, esto no le causaría ningún problema, por lo que rechaza la idea de que las amenazas recibidas se cumplirán.
Los resultados indican que un 33.5 por ciento de la ciudadanía estuvo expuesto a la entrega o la promesa de algún regalo, servicio, favor, o trabajo de parte de un partido político; el 17.3 por ciento de la población total encuestada, rechazó los objetos o el dinero ofrecido; un 10.2 por ciento sí aceptó algún tipo de regalo y un 6.0 por ciento recibió solo promesas que se cumplirían después de las elecciones, en caso de que el candidato promovido gane.
Asimismo, según los resultados de la encuesta, 17.6 por ciento de la población entrevistada declaró que a cambio de los regalos le pidieron votar por alguno de los candidatos de un partido o coalición.