Sistema de justicia mexicano mide con distinta vara a grupos vulnerables: Conapred

Alexandra Haas, presidenta del Conapred, lamentó que la identidad en nuestro país sea un factor para acceder o no a la justicia.

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Los grupos vulnerables, como mujeres, indígenas y de la comunidad LGBT, siguen topándose con distintos niveles de trabas al pasar por el sistema de justicia de México, afirmó Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Al participar en la inauguración del “II Congreso Internacional Buenas Prácticas en el Juzgar: el Género y los Derechos Humanos”, la funcionaria lamentó que la identidad en nuestro país sea un factor para acceder o no a la justicia.

“Cuando se juzga, cuando una persona pasa por sistema de justicia en nuestro país, la persona porta sus identidades y en ese sentido va encontrando en distintos casos y  con distinta intensidad obstáculos al acceso a la justicia por ser mujer, por ser indígena, por ser trans, por ser lesbiana, por ser un hombre gay, por ser un hombre indígena también, es decir, cuando uno porta la identidad, uno lo lleva a cada ámbito de la vida pública”, sostuvo.

Agregó que, de acuerdo a varios estudios, las mujeres son condenadas con penas más largas que a los hombres, fenómeno que se explica a partir de la actuación con base en estereotipos toda vez que se cree que “si comenten un delito es antinatural”.

“Una mujer no vive igual un juicio que un hombre porque quienes juzgan generalmente tienen los mismos prejuicios y estereotipos que el resto de la sociedad y por lo tanto puede sufrir injusticias y por eso la perspectiva de género es indispensable para superar esos prejuicios y esos estereotipos”, añadió.

En este contexto la titular de la Conapred indicó que más allá de generar las condiciones para que haya más mujeres en el ámbito de impartición de justicia, es necesario que haya capacitación y conocimiento de los juzgadores de qué es la perspectiva de género  a efecto de alcanzar plena justicia.

Por ello, concluyó, es fundamental que el Estado genere condiciones donde se aborden las distintas circunstancias que cada persona puede vivir al enfrentar un proceso judicial.