La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) ha planteado una serie de retos para las autoridades responsables de investigar y sancionar las faltas administrativas, admitió la secretaría de la Función Pública.
La dependencia destacó que a diez meses de su entrada en vigor, falta “profesionalizar a los encargados del nuevo procedimiento, ajustar estructuras de órganos internos de control y restructurar de plataformas, entre otros”.
La titular de la secretaría, Arely Gómez señalo que, en el propósito de reducir, acotar e inhibir la corrupción y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas es forzoso evaluar de manera continua la efectividad de todos los instrumentos jurídicos en la práctica.
Ante integrantes de la Comisión de Derecho Administrativo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., propuso crear una institución independiente de defensoría pública y enfatizó la necesidad de elaborar o robustecer los códigos de ética en las dependencias y entidades del gobierno federal.
Admitió que “la falta de estructuras, esquemas, inclusive de presupuesto, han sido obstáculos sorteados por la SFP en la aplicación de la nueva legislación”.
“Una mejor interpretación de Ley garantizará que las autoridades que llevan a cabo los procedimientos se aseguren de que las sanciones, con motivo de incumplimientos o faltas administrativas previstas, estén debidamente sustentadas”, enfatizó.