La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó el Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH, así como la sentencia del Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito sobre el caso Ayotzinapa, los cuales, advirtió, deben alentar al Estado mexicano a “enderezar” la investigación.
En un comunicado, la ONU-DH resaltó que el estado mexicano debe observar puntualmente el contenido de ambos documentos, ya que “brindan una nueva oportunidad para redirigir de manera profunda la investigación y materializar transformaciones de fondo en la justicia de nuestro país”.
Jan Jarab, representante del Alto Comisionado en México, lamentó que la investigación del caso Ayotzinapa se encuentre fragmentada y que los detenidos no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado.
Coincidió, en este sentido, con la conclusión de la CIDH en el sentido de que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”.
De igual forma, Jan Jarab afirmó que la ONU-DH concuerda con “el cuadro manifiesto de graves irregularidades” al que hace referencia la sentencia del Tribunal Colegiado, la cual consideró inédita y garantista.
Subrayó que ambos documentos deben alentar también a materializar las reformas para revertir los grandes rezagos en materia de acceso a la justicia y combate a la impunidad, así como para garantizar la autonomía y profesionalización de la procuración de justicia.
Jan Jarab indicó que la atención al contenido de los documentos debe realizarse potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos.
Finalmente, la ONU-DH reiteró su reconocimiento a la tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición.