Más allá de ser la ocasión para el debate, planteamiento de ideas y propuestas para lograr un mejor futuro, el actual proceso electoral en México ha generado crispación, polarización, incertidumbre, e incluso violencia política, aseguró el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
Al rendir su informe anual de actividades ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, condenó cualquier expresión de violencia, y sostuvo que los ejercicios democráticos deben ser ocasión para encontrar vías de salida a los problemas, no rutas rumbo a callejones sin salida de violencia, intolerancia y división.
“México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad.
“Respetemos siempre la institucionalidad democrática, impulsando el cumplimiento de la ley y el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos.
“Sólo las normas y las instituciones que las materializan pueden rescatar y fortalecer la legalidad y el respeto de la dignidad de las personas ante cualquier entorno que las amenace. La construcción del desarrollo y el bien común al que aspiramos no se logrará fomentando el odio, la intolerancia o la exclusión”, afirmó.
El ombudsman nacional manifestó que más allá de presentar su informe, expresa su preocupación por hechos que ensombrecen y amenazan la convivencia pacífica de los mexicanos.
“La inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad se han extendido como plagas en casi todos los ámbitos de la vida nacional, generando un entorno en el que las y los mexicanos hemos tenido que empezar a asumir como parte de nuestra normalidad, los elevados índices de homicidios, las violencias contra las mujeres, los ataques y agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, los abusos a migrantes, la trata de personas, así como la subsistencia de prácticas contrarias a la dignidad humana, tales como tortura, desaparición forzada, detenciones y ejecuciones arbitrarias, entre otros aspectos”, subrayó.
Reiteró que la Ley de Seguridad Interior contraviene los principios establecidos por el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos sobre la intervención de las fuerzas armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas.
Además, cuestionó el sentido de sus definiciones y el lenguaje ambiguo en el que dicha legislación está redactada, pues, dijo, “permitieran la injerencia del Estado y la movilización de las Fuerzas Armadas, por encima de los derechos de las personas”.
Entrevistado al término del acto oficial, González Pérez, denunció que la PGR no les ha dado acceso eficiente al expediente del caso Ayotzinapa.
Explicó que pese a que este pliego de investigación ha sido filtrado a medios, la Fiscalía que conoce del caso sólo ha propuesto copiar documentos de 300 fojas a mano.