La implementación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, ha sido eclipsada por el proceso electoral, acusó Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sostuvo que dicha ley está fuera de la discusión política, a pesar de que la “desaparición” es uno de los problemas más dramáticos, dolorosos y graves en el país, que debe tener la plena atención de las autoridades.
“Las autoridades que deben seguir la nueva ley no lo hacen, no conocen, las autoridades que deben investigar ni siquiera conocen sus obligaciones bajo esta ley, y vemos atrasos en la implementación a nivel estatal en la adopción, de lo que se debe adoptar a nivel estatal, la creación de las comisiones de búsqueda locales”, afirmó.
Al participar en el foro “desaparición de personas, actualidad y contexto de una ley ausente”, el diplomático denunció que algunos municipios del país viven una ausencia del estado de derecho.
Expuso que es una constante que las autoridades mexicanas criminalicen a las personas desaparecidas.
“Y en un estado después de otro estamos escuchando las explicaciones o burocráticas o cínicas, que culpan a las víctimas, que son personas que tuvieron malos amigos, o algo.
“No es aceptable, ni siquiera cuando se trata de personas que tuvieron malos amigos. El estado de derecho debe proteger a todos sus ciudadanos”, destacó.
Jan Jarab reiteró el llamado que hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Estado mexicano, a investigar 23 presuntas desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre febrero y mayo de este año.