La candidata al Senado de la República por el estado de Guerrero, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Nestora Salgado volvió a responder al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, quien la acusó durante el segundo debate entre presidenciables, de ser una delincuente y secuestradora.
En rueda de prensa en la Ciudad de México, Salgado García e integrantes de su equipo político y jurídico, demandaron que el candidato de la coalición “Todos por México”, se disculpe públicamente y renuncie a su candidatura.
“Y aquí mismo pedimos su renuncia inmediatamente y una disculpa pública a los pueblos que sí merecen, que sí tienen dignidad, no una gente vana como él. Aquí pongo en su conciencia todas las acusaciones que hago en su contra, pido respeto a los pueblos originarios, respeto a mi gente, respeto a la pobre gente humilde, gente que está empobrecida. ¡Que les pida disculpas y se lave la boca antes de hablar de mi gente!”, demandó.
La también fundadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero, acusó a Meade Kuribreña de promover la violencia política en su contra.
Lo responsabilizó de lo que le pueda ocurrir a ella, su familia y a los habitantes de la comunidad referida, lo anterior, al relatar que después de lo dicho por el candidato en el debate, personas acudieron a balear la casa de su hija.
“Quiero decirles que la afirmación del candidato del PRI pone en alto riesgo y también legitima un acto de violencia en mi contra. Eso ya queda legitimizado. Quiero decirle al señor Pepe Toño, que está en su conciencia si algo le llega a pasar a mi familia, a mis compañeros, a mis hijos y a mis nietos y a toda la gente de la región de la montaña y de Olinalá”, abundó.
Al aseverar que las amenazas del candidato del PRI y las amenazas de muerte que recibe constantemente no la amedrentarán, denunció que el presunto apoyo en seguridad que la autoridad le ha proporcionado, por tratarse de una candidata a una senaduría, consiste en el acompañamiento de personas vestidas de civiles, sin autos ni armas ni ningún otro aditamento que pudiera ser efectivo en caso de requerir auxilio para garantizar su integridad.
Aun así, remarcó, no abandonará la contienda electoral y mantendrá su apoyo al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Anunció que este jueves 24 de mayo, presentará contra el ex titular de la Secretaría de Hacienda (SHPC) una demanda civil por difamación, por medio de la cual se exigirá legamente la reparación del daño; lo anterior, tras recordar que la situación se denunció desde el pasado 30 de abril ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Visiblemente molesta, Nestora Salgado cuestionó Cuestionó al candidato presidencial si alguna vez ha acompañado a alguien a recoger el cuerpo de otra persona, si en realidad ha estado en contacto con la pobreza, y si sabe lo que significa tomar un arma de fuego para “luchar contra el crimen organizado”.
Dijo que el candidato presidencial está ejerciendo violencia política y de género en su contra, la ha calumniado y no tiene “calidad moral” para hablar de los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
Acusó que en Guerrero, las órdenes de aprehensión liberadas contra integrantes de las Policías Comunitarias y los casos de 25 “presos políticos” están siendo utilizados como monedas de cambio electoral.
Las autoridades y el PRI están ofreciendo a las familias de los detenidos y de 50 policías comunitarios, retirar las órdenes de aprehensión si votan por el PRI y su candidato.
En su oportunidad, Pablo Amilcar Sandoval, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Guerrero; el abogado Sandino Rivero; Susana Mercado, representante legal de la candidata; y el senador de la República, Rabindranath Salazar, recalcaron que Salgado García estuvo sujeta a siete procesos judiciales distintos, de los cuáles fue declarada inocente por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio.
Respecto a la operación de las “casas de justicia” de las Policías Comunitarias explicaron que se apegan a los usos y costumbres y a la llamada “Ley 701” local que reconoce al cien por ciento su legalidad.
Ello, aunado a que cuentan con el Reglamento Interno de Seguridad y Justicia de la Montaña de Guerrero.
Reconocieron que entre ese sistema de justicia alternativo y el nuevo sistema de justicia penal existen “zonas grises” que pueden derivar en inconsistencias, por lo que es necesario revisarlos y afinarlos.
Aseveraron que pese a ello, en las llamadas “casas de justicia” se respetan los derechos de quienes son detenidos, incluyendo el debido proceso.
En particular, Salgado García indicó que ella fundó y lidereó las Policías Comunitarias, pero nunca ha sido “juez” y a cada detenido se le da la oportunidad de defenderse.
Sin aclarar si entre los detenidos en las “casas de justicia” solo hay personas de origen indígena o de otras regiones e incluso autoridades civiles, recomendaron consultar los estudios jurídicos y académicos existentes sobre la justicia comunitaria.
Respecto a si las “casas” son objeto de observación de organismos de derechos humanos, puntualizaron que sí, pero por parte de instancias no gubernamentales, debido a que su funcionamiento se rige conforme a usos y costumbres.