Jorge Eduardo Martínez Leyva, de 18 años de edad, pasó tres meses en la cárcel de manera injustificada por una mala apreciación en las pruebas que lo inculpaban por robo y por la deficiente supervisión y actuación del fiscal en Azcapotzalco, Diego Flores Mejía.
Al respecto, Clemente Sandoval, abogado del imputado indicó que su cliente fue acusado en noviembre del año pasado, por el delito de robo agravado a transeúnte, en calles de la colonia Obrero Popular, delegación Azcapotzalco.
El denunciante, Lorenzo “N”, indicó que el sospechoso huyó en una motocicleta por lo que se generó el folio de emergencia C5/1711/17/03341, mediante el cual el Centro de Control y Comando C2 inició la búsqueda del sospechoso.
Sin embargo, el operador de videocámaras Jesús Salas detectó circulando 16 minutos después en calles cercanas al lugar del evento, una camioneta tipo Toyota de modelo reciente, la cual abordó momentos después el acusado.
Por esa razón dio seguimiento sin percatarse que se trataba de vehículos diferentes; la alerta refería de una camioneta Toyota roja y el operador de videocámaras siguió una de la misma marca en color guinda.
Foto: Especial
El imputado y tres jóvenes más que lo acompañaban, entre ellos su hermano, fueron detenidos por policías preventivos y remitidos a la Fiscalía de Azcapotzalco, sin el arma y con tardanza en la presentación ante el Ministerio Público, el cual inició la carpeta de investigación CI/FAZ/AZ-2/UI-2, por robo agravado.
El abogado mencionó que con datos de prueba imprecisos y con la “anuencia” del fiscal Diego Flores, los cuatro jóvenes fueron presentados ante un Juez de Control, acusados de robo agravado y remitidos a un centro de reclusión.
Sin embargo, el jurista consideró que el caso de Jorge Eduardo Martínez Leyva fue una evidente violación al debido proceso, principalmente por la “manipulación” del dato de prueba.
“Están fabricando delincuentes para sus estadísticas, aquí fabricaron a cuatro delincuentes que no lo eran que sumaron a las estadísticas yo creo que de noviembre, obviamente los otros tres chavitos salieron a los cuatro días.
“Mi sobrino que era el imputado más fuerte, se tardó dos meses y medio en salir (…); si hubo un delito, pero se equivocaron de delincuentes, no supieron perseguirlos (…) la flagrancia debe ser una persecución inmediata, continua y sin interrupción”, afirmó.
Mencionó que no tuvieron acceso inmediato a los videos por la “fabricación de los culpables”, pero una vez que tuvieron oportunidad de analizarlos, exhibieron las deficiencias del Ministerio Público y las del Fiscal Diego Flores Mejía.
Pasaron casi tres meses y ante la falta de elementos para sostener la imputación en contra del jovencito estudiante y trabajador de medio tiempo, la Procuraduría metió reversa y se desistió de la acción penal, por lo que la autoridad judicial actuó en consecuencia.
“El segundo ya fue una jueza lo dejó libre por falta de elementos, el mismo Ministerio Público se rajó, que primero lo acusas y pide que le den 14 años de prisión a mi sobrino y luego a la semana, el mismo Ministerio Público pide la audiencia de control para desistirse de la acción penal (en febrero) porque se dieron cuenta”, aseveró.
El litigante precisó que a pesar de tener pruebas de que el fiscal Diego Flores obvió subsanar ese detalle de la investigación y que se trató de un “error del Estado”, no demandará ninguna indemnización por temor a represalias.
@amarilloalarcon