La Procuraduría General de la República (PGR) ha manifestado su disposición para atender y cumplir las recomendaciones que se le han emitido, así como fortalecer la relación interinstitucional para responder a las solicitudes de información y requerimientos de datos y documentos para investigar violaciones a derechos humanos, reconoció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En un oficio enviado por el ombudsman nacional, Luis Raúl González, al encargado de despacho en la Procuraduría, el subprocurador Alberto Elías, se manifestó la “confianza” en que concluyan las investigaciones de los casos San Fernando, Tlatlaya, Aytzinapa, Tanhuato, Apatzingán y Nochixtlán, todos asociados a violaciones graves a los derechos humanos.
En un comunicado, la Comisión destacó la voluntad expresada a través de una circular de la PGR, para avanzar en el cumplimiento de recomendaciones que aún no han sido atendidas.
Puntualizó que hasta el momento, las recomendaciones hechas a la Procuraduría no han sido cumplidas “a cabalidad”; generalmente las solicitudes de información formuladas no son atendidas ni debida ni oportunamente; y tampoco se han resuelto casos graves de asesinatos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales que involucran a las Fuerzas Armadas y violaciones a derechos humanos por parte de cuerpos policíacos.
El reconocimiento a la dependencia a cargo, temporalmente por el subprocurador Elías Beltrán se acompaña, agregó la CNDH, por un documento en que se señalan los casos urgentes por atender, y se solicita aclarar señalamientos emitidos por la PGR en un comunicado del pasado 1 de abril y que a consideración de la Comisión, “carecen de fundamento o resultan imprecisos”.
El organismo defensor de los derechos humanos puntualizó que en 2017, PGR no cumplió las recomendaciones sobre los casos San Fernando, que data del 2013; ni sobre lo ocurrido en Tlatlaya, en 2014.
Agregó que a diciembre del 2017, la Procuraduría tenía 140 “puntos de atención” relativos a 37 recomendaciones.
“Durante 2017, la PGR solo presentó pruebas de cumplimiento total en 5 casos, que demoraron entre 4 y 7 años en ser cumplimentados, puntualizándose que ninguna recomendación dirigida a esa Procuraduría durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017 fue totalmente atendida durante el año precedente”, enfatizó.
Expuso que del caso Ayotzinapa o Iguala, al finalizar el año pasado, solo fueron atendidos nueve de 57 puntos señalados por la Comisión; 36 estaban en vías de atención y 12 más no fueron abordados en absoluto.
“Hasta este momento, esa Procuraduría General no ha probado a cabalidad, el destino final de los 43 normalistas desaparecidos, punto esencial de la investigación correspondiente”, remarcó.
También se hizo notar la falta de colaboración, al no atender las solicitudes de información hechas a la Procuraduría, que en algunos casos ha sido omisa, ha mostrado tardanza en la entrega de respuestas, así como proporcionado datos parciales e incompletos; aunado a que se ha impedido al personal de la CNDH emplear cualquier método o copia de documentos, excepto la transcripción a mano, lo que ha retrasado las indagatorias de la instancia defensora.
Así sucedió en el caso de las cajas de seguridad en Cancún, Quintana Roo, donde los datos entregados estaban “testados” y hacían “imposible” acceder a la información, agregó.
Al subrayar que ese proceder confirma que el modelo de operación de la Procuraduría “está agotado” y no da los resultados que el país espera, el ombudsman llamó a la dependencia a tomar medidas y cuando se le requiera, brinde las respuestas que permitan investigar las violaciones a derechos humanos de los mexicanos, abatir la impunidad, fortalecer el estado de derecho y responder al reclamo de las víctimas.