En el marco de la audiencia sobre el caso, que se realiza en San José, Costa Rica, representantes del Estado mexicano informaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que todo apunta a que los responsables del levantamiento en Buenaventura, Chihuahua de integrantes de la familia Alvarado Espinoza pertenecen al crimen organizado y no a militares.
De acuerdo a la cancillería mexicana es muy probable que miembros del crimen, y no militares, sean los responsables de la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes quienes presuntamente fueron levantados por un grupo de personas con vestimenta castrense en 2009.
En la audiencia, la defensa de las víctimas criticó que a más de ocho años del hecho hayan tenido que recurrir a diversas instancias para impulsar las indagatorias y el gobierno continúe con el mismo argumento y estrategia en el caso.
El consultor jurídico la de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Alday, aseguró que no existen elementos suficientes para comprobar que las tres personas fueron detenidas por miembros del trigésimo quinto Batallón de Infantería el 29 de diciembre de 2009, toda vez que los miembros castrenses salieron de Chihuahua el día 26 de ese mes, tres días antes de la desaparición.
Afirmaron que el alegato de que los responsables de la desaparición fueron miembros del crimen organizado es fuerte, principalmente por la presencia que tenían esos grupos en Chihuahua durante aquella época.
Agregaron que se ha demostrado que a veces los integrantes de los grupos delincuenciales visten ropa militar y señalaron que se ha comprobado que familiares de las víctimas han tenido contacto directo con miembros del crimen organizado, en su intento de esclarecer el asesinato de otro de sus parientes, el cual se registró antes de la desaparición.