En la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política se lavó las manos en torno al problema de los asesores y su despido anticipado.
El presidente de ese órgano parlamentario y coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, señaló que los líderes parlamentarios decidieron dejar la solución y atención a las demandas de los afectados, en manos de la Secretaría General del recinto.
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Dicha instancia encabezada por el Secretario General Mauricio Farah, hace un par de días advirtió que no les reconocerá mayores derechos laborales, aunque está dispuesta a pagarles entre tres y cinco meses de salarios, pero ninguna otra prestación.
“En todos los grupos parlamentarios hay mucha sensibilidad y apertura y hemos acordado y se le instruyó a la Secretaría General de Cámara y a la Secretaría de Administración y Servicios Financieros que los atienda, los reciba y que resuelva lo que conduzca. Se han dado las facultades para que puedan resolver aquello que sea posible”, se limitó a señalar.
En contraparte, los asesores indicaron que hasta el momento, las autoridades no se han puesto en contacto con ellos, pero están dispuestos a dialogar y a negociar en cuanto sean convocados.
Sin embargo, indicaron que su petición central sigue en pie, y es mantener sus contratos laborales, aunque sean por honorarios asimilados a salarios, hasta la fecha de vencimiento original, al 31 de agosto.
“Apelamos a la sensibilidad de nuestros jefes y a la sensibilidad que también pueden tener los administrativos, que son gente con la que también hemos laborado. No estamos pidiendo cosas más allá de lo que ya teníamos derecho ni de lo que ya teníamos presupuestado. Solicitamos en ese sentido que se nos de una respuesta clara al oficio que presentamos ante la Junta de Coordinación Política.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social e integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Araceli Damián, indicó que la Secretaría General incurre en una omisión y en error, incluso en negligencia, al negarse a reconocer derechos adquiridos de los trabajadores de honorarios del recinto, que cuentan con argumentos legales suficientes para comprobar la relación laboral con la Cámara.