El Pleno de la Cámara de Diputados avaló la Ley General de Archivos, que tiene como fin organizar y administrar de manera homogénea los documentos en poder de instancias públicas y los distintos órganos de gobierno.
Al pronunciarse a favor, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, destacó que la norma aprobada con 357 votos a favor, una abstención y uno en contra, y que será enviada al Ejecutivo, cierra el ciclo de reformas secundarias que complementan el Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, el congresista presentó reservas, advirtiendo que la norma podría implicar afectaciones a la propiedad privada, ya que no prevé indemnización cuando el Estado expropie documentos históricos en posesión de particulares.
El ordenamiento indica que se garantizará la transparencia, a establecer que toda la información contenida en archivos en poder de “sujetos obligados”, es decir, autoridades, entidades, órganos y organismos de los tres Poderes de la Unión, institutos autónomos, partidos, fideicomisos y fondos públicos, tendrá carácter público.
Prevé que las instituciones y organismos señalados desarrollen procesos de gestión de los documentos y registros generados en los diversos órdenes de gobierno.
Indica que los particulares que posean documentos históricos o de interés nacional, deberán inscribirlos en el Registro Nacional de Archivos; aunado a que deberán ser preservados, conservados y abiertos al público.